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Desde el 22 de diciembre hasta el 29 de enero de 2024, una orden dictada por la jueza Mirtala de Portillo, a cargo del caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, permaneció vigente la cual ordenaba la detención del expresidente de la República, Alfredo Cristiani; el exdiputado, Rubén Zamora; entre otros, por el supuesto delito de “encubrimiento personal”. Esto, según esa resolución, que estos integrantes de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de 1993 aprobaron la Ley de Amnistía y con esto pausaron los casos de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado y, por tanto, “ayudaron a los principales imputados de la masacre de El Mozote y lugares aledaños”.
A altas horas de la noche del 31 de enero, medios nacionales confirmaron que dicha resolución había dejado vigencia. Con esto, Rubén Zamora, apoyado por Movimiento Resistencia Ciudadana, reapareció en la esfera pública. “Quiero señalar que todo esto no ha terminado”, dijo.
Zamora detalló que durante este proceso sus abogados defensores le señalaron que tenía únicamente tres opciones: esconderse, salir del país o entregarse. Sin embargo, Zamora sostuvo que “yo no voy a salir del país. Quiero seguir en mi país y voy a seguir luchando por la democracia”.
Para Miguel Fortín Magaña, del Movimiento Resistencia Ciudadana, este antecedente significa un intento más de persecución política y que sumado a ello, posiblemente, la decisión de la jueza podría estar plagada de “múltiples abusos”.
“Desafortunadamente creemos, y es lo que le estamos pidiendo, que se investigue que es muy probable que esta persona, la jueza, haya cometido múltiples abusos y delitos. Desafortunadamente, en EL Salvador se ha convertido la regla la persecución de la oposición y de cualquiera que no piensa como piensa el régimen, a juicio de nosotros, dictatorial”, dijo Magaña.
Con edición de Morena Villalobos
