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Un total de 22 recomendaciones dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado salvadoreño en su reciente informe “El Salvador: estado de excepción y derechos humanos”. Entre las muertes, casos de torturas, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción que continúa vigente, la CIDH urgió y reiteró la autorización de El Salvador para visitar al país y verificar el estado de los derechos humanos en el país.
“Dar su anuencia para la realización de una visita de trabajo por parte de la CIDH”, dictó el organismo como última recomendación plasmada en el informe.
El reciente informe recoge datos y situaciones reportadas entre el 27 de marzo de 2022 -cuando fue aprobado por primera vez el régimen de excepción- y noviembre de 2023. La Comisión detalló que, durante ese periodo, el gobierno salvadoreño reportó un total de 73 mil personas detenidas, de las cuales, subrayó, a la mayoría se les impuso prisión preventiva. En el mismo periodo, la Comisión también conoció la posible muerte de 189 a 200 personas privadas de libertad bajo la tutela estatal.
El Salvador se encuentra a la fecha bajo suspensión de derechos y garantías constitucionales, producto del régimen de excepción (un total de 29 meses). La sucesiva prolongación de esta medida fue cuestionada por el mecanismo interamericano, alegando de que el Estado salvadoreño reconoce altos índices de mejoras en la seguridad ciudadana, por tanto, no existe un “situación de emergencia” que justifique dicha medida excepcional.
“El Estado debe observar las obligaciones internacionales asumidas, que establecen requisitos y límites para adoptar dicho mecanismo excepcional de suspensión de los derechos y garantías protegidos por la Convención, que no puede convertirse en parte integrante de su política de seguridad ciudadana permanente”, añadió el organismo en informe.
La CIDH calificó como preocupante también la promoción por parte del Estado salvadoreño de múltiples reformas legislativas con un “enfoque fuertemente punitivo”, así como otras situaciones como la demora en el control judicial de las detenciones, la “ineficiencia” del recurso de habeas corpus, la realización de audiencias masivas, el irrespeto al debido procesoy y las limitaciones y el ambiente hostil provocado en perjuicio de quienes ejercen libertad de expresión y periodismo.
La CIDH instó al Estado salvadoreño poner fin al régimen de excepción y reemplazar dicha medida con acciones “efectivas” para enfrentar y erradicar la criminalidad organizada y políticas de seguridad ciudadana integral con enfoque de derechos humanos.
Además, urgió a El Salvador llevar a cabo investigaciones “diligentes e imparciales” en todos los casos ocurridos durante el régimen de excepción donde civiles han resultado heridos o muertos por parte de las fuerzas policiales o militares, o bajo custodia estatal, así como los casos de posibles torturas, a fin de establecer los hechos y determinar las responsabilidades. También pidió la implementación de un plan de reparación integral para todas las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Por su parte, el Estado salvadoreño, a través de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, acusó a la CIDH de falta de transparencia y de una supuesta vulneración al derecho a la defensa ante los señalamientos vertidos en el informe.
Con edición de Diego Hernández
