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Ante la reciente configuración de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) instó al organismo retomar, tramitar y resolver cuatro demandas de amparo, de cinco personas desaparecidas entre 2011 y 2015, interpuestas hace más de un año.
“Estamos hablando de cuatro demandas de amparo sobre personas desaparecidas ocurridas en los años 2011 y 2015. Son casos de desaparición que ocurrieron en el contexto de violencia generalizada que ha afectado a nuestro país y que no fueron atendidas adecuadamente por los gobiernos de turno. Estas demandas, que ya tienen más de un año de haber sido presentadas, no tienen resolución y ningún avance”, afirmó Héctor Carrillo, director ejecutivo de FESPAD.
Dina Martínez, directora de Acceso a la Justicia de la organización, detalló que entre los casos se encuentran la desaparición de Josué Miranda Elizondo de 14 años, en 2011, el caso de Miguel Martínez Mata, desaparecido desde 2013 y los casos de Rodrigo Montalván de 16 años y los hermanos Cristian Mauricio y Fernando Ernesto Sánchez, desaparecidos en 2015. Las demandas de amparo fueron presentadas entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023.
De estos, indicó la defensora de derechos humanos, solo en el caso de Josué Elizondo, la Sala resolvió “parcialmente”, pero a la fecha no existe una sentencia firme y en el caso de Miguel Mata, únicamente se llevaron a cabo una serie de prevenciones por parte del organismo, pero tampoco existen avances.
Sandra Martínez, madre de Miguel Mata e integrante del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, llamó a las autoridades a atender el llamado de los familiares de personas desaparecidas, pues, aunque pasen los años aún mantienen la esperanza de encontrarles.
“Nada más pedirles a los nuevos legisladores de que tomen en cuenta que son personas las que se han desaparecido (…) Somos las madres las que hacemos conciencia de que ellos, al igual que nosotros son padres y madres, y queremos justicia para nuestros hijos”, expresó.
De acuerdo con estudios de FESPAD, con base en datos internos y datos oficiales de Fiscalía General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC) y otras, entre 2014 y 2019 se registraron más de 20 mil denuncias de personas desaparecidas, entre 2019 y junio de 2022 se reportaron 6,443 casos y para el primer trimestre del 2023 se contabilizaron 132 más.
“Esperamos que la nueva Sala de lo Constitucional atienda el llamado que le estamos haciendo, que se ponga del lado de las personas vulnerables, que se ponga del lado del salvadoreño humilde, el salvadoreño trabajador que busca justicia; del salvadoreño y salvadoreña que cree que un nuevo país es posible y necesario, pero que debe ser un país que le garantice el acceso a la justicia y la reparación a toda persona”, añadió Héctor Carrillo, de FESPAD.
