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“Hasta este día no conocemos los delitos que supuestamente pesan sobre ellos. No han dado información”, aseveró Fidel Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), respecto del estado de dos líderes comunitarios capturados en San Juan Opico este 9 de febrero.
UNIDEHC, con apoyo de Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y junto a la comunidad La Floresta, de donde provienen ambos líderes, interpusieron un aviso penal en Fiscalía General de la República (FGR) alegando los siguientes delitos cometidos en perjuicio de los mismos: coacción, amenaza, amenaza con agravantes especiales, actos arbitrarios e incumplimientos de deberes.
“El listado de delitos pesan sobre los policías de la división STO (Sección Táctica Operativa)”, indicó el defensor de derechos humanos.
Zavala relató que el día de la captura agentes policiales y del STO llegaron a la comunidad en un “operativo” intentando evitar que la comunidad hiciera las mediciones de sus terrenos. Anteriormente, los habitantes habían denunciado intentos de desalojos.
Posteriormente, los agentes habrían notificado a cinco líderes de la comunidad sobre la obligatoriedad de tener una supuesta reunión con un fiscal. Los subieron a la patrulla y una hora después únicamente regresaron tres de los cinco.
“Nunca existió una reunión con tal fiscal. Todo eso está enmarcado en capturas arbitrarias. Nunca hubo orden de captura”, añadió Zavala.
Sonia Urrutia, del Bloque de Resistencia, exigió la pronta liberación de los líderes. También condenó los hechos y expresó que los habitantes únicamente hicieron ejercicio de su derecho a organizarse para defender sus derechos y evitar desalojos en la zona.
“Condenamos cualquier tipo de desalojo de sus tierras a las familias que habitan en la comunidad La Floresta”, añadió Urrutia.
