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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Comité de los Derechos del Niño (CRC), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), así como organizaciones salvadoreñas rechazaron las más recientes reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa a la Ley Penal Juvenil y Ley Penitenciaria.
De acuerdo con las entidades, la decisión sienta un “retroceso importante” en materia del sistema de justicia juvenil: personas menores de edad privadas de libertad, por delitos cometidos en modalidad de crimen organizado, serán enviados a centros penitenciaros de adultos, que a su vez son administrados por la Dirección General de Centros Penales (DGCP), “una entidad sin especialización en niñez y adolescencia”.
Las reformas indican que adolescentes procesados estarían en pabellones separados. Aun así, Cristosal, oenegé en el país, calificó a las mismas como una violación a la Constitución, señalando el artículo 35 que establece que “los menores de edad estarán sujetos a un régimen jurídico especial”, entre otros. Contradice también a los suscrito en la Ley Crecer Juntos sobre la administración de programas para personas menores de edad en detención preventiva y con responsabilidad penal, señaló.
La oenegé manifestó, además, que la decisión vulnera a esta población los derechos a la reeducación, a la integración familiar y social, a la presunción de inocencia, a la igualdad ante la ley y pone en riesgo la integridad física, emocional y mental del mismo sector.
Para la ONU, el resultado de la aprobación del Legislativo de enviar a adolescentes a centros penitenciarios diseñados para adultos, figura un “retroceso importante” respecto a los compromisos asumidos por El Salvador en cuanto a “contar con un sistema de justicia juvenil con enfoque diferenciado, individualizado y especializado, aplicable a todos los adolescentes acusados de delitos”.
“Existen abundantes evidencias de que internar adolescentes en un centro o prisión diseñados para personas adultas pone en peligro su seguridad básica, su salud, especialmente en lo que respecta a su desarrollo psicológico y emocional, así como su capacidad para mantenerse en el futuro al margen de la delincuencia y reinsertarse positivamente en la sociedad”, subrayaron.
Los representantes de la ONU expresaron su disposición a El Salvador para brindar apoyo técnico para la búsqueda de otras alternativas que respeten los derechos humanos en el sistema de justicia juvenil.
Con edición de Diego Hernández
