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Diversas organizaciones de sociedad civil y de derechos humanos en el país condenaron la captura de Fidel Zavala, el allanamiento de la vivienda de la abogada Ivania Cruz, así como de las oficinas de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitario (UNIDEHC), de la cual son parte.
“Estos hechos evidencian un claro intento de intimidar y hostigar a las personas y organizaciones que luchan por la justicia y la protección de los derechos humanos en El Salvador”, denunció en un comunicado el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
Alrededor de las 4 p.m. de este 25 de febrero, la abogada Ivania Cruz alertó a través de sus redes sociales la presencia de agentes policiales frente a la casa de familiares de Fidel Zavala. Simultáneamente, la abogada alertó y confirmó también que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y policías habían allanado las oficinas jurídicas de UNIDEHC, lo que desencadenó en la captura, con supuesta orden judicial, de Zavala.
De acuerdo con fotos de cámara de vídeo que la abogada difundió en su cuenta oficial de X, otros agentes policiales también llegaron a su vivienda y la allanaron. Ivania Cruz no se encontraba en su vivienda, sino que se encuentra fuera del país, según declaró la misma.
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) también se pronunció y destacó la labor de Ivania Cruz y Fidel Zavala. Reiteró que Zavala es un defensor de derecho humanos y a la vez un “testigo clave de las torturas en centros penales”. Él fue detenido en 2022, al cabo de casi 13 meses fue liberado y posteriormente denunció las condiciones al interior de los centros penales.
El SJH, IDHUCA, y otras organizaciones como el Bloque de Rebeldía Popular y la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, exigieron libertad inmediata, luego de catalogar estos recientes hechos como arbitrarios y como parte de la persecución política en contra de defensores salvadoreños.
A la condena también se sumó el movimiento de personas afectadas del desfalco millonario de la Asociación Cooperativa y Crédito Santa Victoria (COSAVI) que es investigado por Fiscalía desde 2024. Destacaron que UNIDEHC es la organización que acompaña en el caso y en los procesos judiciales en busca de la devolución de ahorros.
Además, las personas afectadas se refirieron que debido al apoyo que les brinda la organización, en sus oficinas se encuentra recopilada diversa información con relación al caso, así como datos e información privada y personal vinculada a los mismos. “Responsabilizamos a la FGR, a la PNC y al Gobierno de la sustracción de dicha información que puede poner en riesgo la seguridad física de los afectados COSAVI”, advirtieron.
Con edición de Diego Hernández
