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La hostilidad, las amenazas, la estigmatización desde el gobierno y la normalización de discursos agresivos son algunas de las principales preocupaciones del periodismo independiente en EL Salvador que refleja un reciente informe del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, elaborado junto a la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Miami, titulado «Los mundos del periodismo: seguridad, autonomía profesional y resiliencia entre los periodistas en América Latina«.
“Actualmente, se sabe que la mayor amenaza para los periodistas en El Salvador proviene del gobierno, más que de las organizaciones criminales. Debemos empezar a discutir qué se puede hacer para detener o regular esto”, dijo una de las 208 periodistas encuestadas de El Salvador.
De acuerdo con el informe, quienes ejercen el periodismo en El Salvador también se enfrentan a discursos denigrantes o de odio, narrativas impulsadas por funcionarios que desacreditan públicamente el trabajo periodístico; además, a menudo son vigilados y, en algunos casos, víctimas de agresiones y acoso sexual.
Sobre las amenazas y el acoso, las y los periodistas encuestados señalaron como responsables al presidente, a miembros de la Asamblea Legislativa, políticos locales, funcionarios gubernamentales, líderes de opinión en redes sociales y simpatizantes del presidente, siendo estos últimos identificados como los principales responsables.
“La retórica de Bukele contra la prensa parece haber normalizado la agresión contra los medios independientes y reforzado la falsa narrativa de los periodistas como enemigos del Estado. Dado que la violencia en las redes tiene consecuencias en el mundo real, el acoso partidista contra periodistas en las plataformas digitales debería hacer saltar las alarmas”, advirtió el informe.
En este contexto, señalaron que las y los periodistas salvadoreños han implementado diversos mecanismos para hacer frente a los retos que actualmente implica ejercer la libertad de prensa. Por ejemplo, el 59 % de las personas encuestadas afirmó haberse autocensurado como forma de autoprotección; un 26 % indicó que cambió de especialidad o de trabajo; un 57 % modificó sus rutinas personales o diarias, y otras personas optaron por cambiar su número de teléfono o cerrar sus cuentas en redes sociales.
“Abordar estos problemas exigirá esfuerzos coordinados de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y los propios periodistas para presionar al gobierno a fin de que defienda los principios de la libertad de prensa y el derecho a la información”, concluye el informe elaborado por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas y la Universidad de Texas en Austin, en colaboración con la Facultad de Comunicación y el Departamento de Periodismo y Gestión de Medios de la Universidad de Miami, así como con el Centro para el Cambio Global y los Medios de Comunicación de la Universidad de Texas.
