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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte IDH el caso de la familia Ramírez, conocido como “Natividad de Jesús Ramírez y familia”, con el objetivo de que se declare al Estado salvadoreño responsable internacionalmente por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de varios integrantes de dicha familia, perpetradas por agentes estatales en el marco del conflicto armado, según anunció el organismo.
“La Comisión estableció que el Estado de El Salvador es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la familia, a los derechos de la niñez y a la protección judicial”, aseveró la CIDH en un comunicado.
De acuerdo con Carlota Ramírez, representante de sus familiares, el 10 de mayo de 1982, en horas de la madrugada, en la casa donde ella se encontraba se presentó un sargento con intenciones de capturar a Alejandro Ramírez, su hermano, quien logró escapar.
Los soldados registraron su casa, pero no encontraron a la persona que buscaban. En paralelo, en la casa de los padres de Carlota se presentó un grupo de hombres armados con fusiles G-3, vestidos como deportistas y con pañoletas en la frente. Ahí capturaron a su hermano Rufino Ramírez.
Rufino, en el intento de escapar, fue asesinado y, junto a él, Teresa Ramírez, quien reclamó a los hombres armados. Asimismo, Natividad de Jesús Ramírez, Guadalupe Robles y los niños José Elías y Jorge Alberto Ramírez fueron detenidos.
Por más de cuatro décadas, Carlota y su hermano Alejandro Ramírez han exigido justicia por la ejecución de Rufino y Teresa Ramírez, y la desaparición de Natividad de Jesús Ramírez, Guadalupe Robles, José Elías Ramírez Cuchilla, Jorge Ramírez Cuchilla y Salvador Ramírez, cuyos paraderos siguen siendo desconocidos.
“Llevamos 43 años de búsqueda y de lucha por encontrar los restos o el paradero de mis familiares desaparecidos, y llevamos casi 24 años desde que pusimos el caso en la Fiscalía, pero no hemos tenido respuestas claras”, dijo a VOCES Carlota Ramírez.
Para ella, con este nuevo paso esperan que su familia reciba verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Reiteró que es necesario que el Estado salvadoreño pida perdón públicamente por sus familiares, pero también por todas las víctimas del conflicto armado.
En este contexto, la CIDH solicitó a la Corte IDH que ordene al Estado salvadoreño reparar integralmente a la familia Ramírez, investigar y localizar a las personas desaparecidas, garantizar atención en salud física y mental para los familiares y adoptar medidas de no repetición, como políticas de reparación integral.
