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El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado reprogramó la audiencia única abierta contra 11 acusados de supuestos actos de terrorismo. La diligencia, que estaba programada para los días 11, 12, 13 y 14 de agosto, fue trasladada para la segunda semana de septiembre.
“A mención de la jueza, ha habido problemas técnicos, los cuales no permiten tener una comunicación efectiva con los centros penales. Es decir, no hay comunicación con centros penales para poder transmitir; entonces, ha tomado la decisión de trasladarla hasta el mes de septiembre”, detalló el abogado defensor Luis Rivera.
Previo a la decisión de la jueza y frente al tribunal, familiares y organizaciones se reunieron afuera del Centro Judicial Contra el Crimen Organizado, en Soyapango, San Salvador, para manifestar su apoyo a los veteranos imputados de la Alianza Nacional El Salvador en Paz y del FMLN; entre ellos, familiares de Atilio Montalvo.
“Es un proceso que ha sido injusto para él. ¿Qué es lo que pedimos a la jueza? Que sea justa, que respete la independencia judicial. ¿Cuál ha sido el único delito de mi padre? Nada más estar en contra de las dictaduras. Él ha sido un forjador, ha sido un firmante de los Acuerdos de Paz, y él jamás ha sido parte de lo que se le está imputando”, aseveró Mextil Montalvo, hija de Atilio Montalvo.
La hija denunció también las afectaciones a la salud que ha enfrentado su padre durante este proceso. Montalvo, quien se presentó al tribunal desde tempranas horas en silla de ruedas, es el único imputado que enfrenta el caso en libertad por dicha situación de salud.
De acuerdo con el abogado Rivera, la resolución del tribunal para los imputados debe ser la absolución. “Como defensa técnica estamos muy optimistas. Sabemos que no hay pruebas suficientes. De hecho, no hay ningún tipo de prueba para poder condenar a los miembros de la Alianza, por lo cual consideramos que la resolución única que puede haber, y que esperamos que sea, es la absolución a favor de ellos”, dijo.
Los diez veteranos detenidos y Atilio Montalvo, capturados entre el 30 de mayo y el 3 de junio de 2024, son acusados de actos de terrorismo por su supuesta implicación en la planificación de atentados el día de la segunda toma presidencial de Nayib Bukele.
