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“La magnitud de las detenciones, el número de muertes bajo custodia, la reiteración de prácticas de tortura y la suspensión prolongada de garantías judiciales, combinadas con el patrón de discriminación socioeconómica, satisfacen los elementos objetivos y subjetivos que exige el Estatuto de Roma para la configuración de estos crímenes”, concluyó Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional señaló, en su más reciente informe sobre el escenario salvadoreño en el marco del régimen de excepción, que esta medida ha evolucionado hacia “un modelo de seguridad pública” que ha normalizado la suspensión de garantías constitucionales y la adopción de prácticas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
Según la organización, con base en el Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad se configuran cuando una conducta prohibida por el artículo 7 se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, ejecutado conforme a una política (formalizada o no) de Estado o de una organización, y con conocimiento de que se está contribuyendo a dicho ataque.
Entre los hechos documentados por el organismo internacional durante la vigencia del régimen de excepción, el informe destacó el encarcelamiento masivo, las muertes bajo custodia estatal, los casos de tortura, las desapariciones forzadas y la impunidad estructural que impide la investigación y sanción de estas violaciones.
“A la luz del derecho penal internacional, los hechos documentados podrían configurar varios crímenes de lesa humanidad”, sostuvo la organización.
En este contexto, Amnistía Internacional instó al Estado salvadoreño a poner fin de inmediato a las prácticas que dan lugar a graves violaciones de derechos humanos, restituir las garantías del debido proceso y asegurar investigaciones imparciales, exhaustivas e independientes para, según el informe, “llevar ante la justicia a todos los sospechosos de ser responsables, incluidos mandos policiales, militares, agentes penitenciarios, fiscales, jueces y otros funcionarios involucrados, sin importar su rango”.
El informe, titulado “Seguridad” sin derechos: El impacto de las detenciones arbitrarias masivas y la negación del debido proceso en la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en El Salvador, tiene como base el monitoreo sostenido realizado por Amnistía Internacional, seis misiones de documentación en el país, 109 entrevistas con víctimas, familiares, abogados, defensores públicos, abogados particulares, agentes activos y retirados de la Policía Nacional Civil (PNC), así como con expertos en seguridad ciudadana, derecho penal y derecho procesal penal. Además, incorpora el análisis de requerimientos fiscales, resoluciones judiciales, decretos legislativos, estadísticas oficiales y pronunciamientos de organismos internacionales, entre otros.
