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La Fundación Comunicándonos confirmó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó los recursos de casación interpuestos por las defensas de los militares condenados por el asesinato de los cuatro periodistas holandeses, dejando firme la condena en el caso. La resolución fue emitida el pasado 10 de septiembre.
Para la Fundación Comunicándonos, la decisión constituye un avance fundamental e histórico para las víctimas y sus familias. Oscar Pérez, presidente-director de la organización, detalló que este nuevo hito en el caso se suma al “juicio histórico” del 3 de junio de 2025 y a la sentencia que condenó a los tres ex altos militares.
“Este juicio y sentencia histórica nos demuestra que la impunidad, pese a la cantidad de años que ha pasado, tiene grietas y que tarde o temprano la verdad y la justicia llegará”, dijo en el programa televisivo “La Entrevista con Julio Villagrán”.
Durante la entrevista, también informó que la condena, ahora en firme, contra los ex altos militares estableció una pena de 30 años para cada uno y su responsabilidad civil. En relación a este aspecto, los familiares de los periodistas holandeses pueden solicitar el desarrollo de juicios civiles para obtener reparaciones económicas y los militares están obligados a pagar por los daños.
La condena también estableció responsabilidad civil subsidiaria y simbólica, que implicaba que el comandante general de la Fuerza Armada debía emitir un pronunciamiento público para pedir perdón a las víctimas. Sin embargo, la resolución del 30 de abril de 2026 de la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección de Santa Tecla declaró “ha lugar” la revocación de estas medidas, a petición de la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con el presidente-director de Fundación Comunicándonos, tras la puesta en firme de la sentencia, el expediente del caso pasará a la Cámara de Santa Tecla y luego al Juzgado de Sentencia de Chalatenango, donde se desarrolló el juicio, finalizando así el proceso judicial del caso.
Sin embargo, reiteró que en el país existen decenas de casos pendientes relacionados con graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
“Las víctimas no son el centro. Hay una deuda pendiente del Estado salvadoreño, de la Asamblea Legislativa, de una Ley de Justicia transicional”, señaló durante la entrevista.
