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“Lo que estamos presentando acá es información sobre los derechos humanos económicos sociales y culturales (DESC). En El Salvador no se están respetando”, sostuvo Luis González, integrante del Colectivo EPU-DESC.
El Salvador se someterá este 2025 una vez más al Examen Periódico Universal (EPU), “un proceso especial que supone una revisión de derechos humanos de todos los Estados miembros de Naciones Unidas”, según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y pretende la mejora de la situación de derechos humanos en todos los países a través de una evaluación hecha por los mismos Estados parte del organismo internacional.
Es en este marco que el Colectivo EPU-DESC presentó ayer 16 de julio de 2024 su informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, advirtiendo los múltiples retrocesos que enfrenta el país respecto de los derechos al agua, alimentación, vivienda, educación, laborales, culturales, entre otros.
Entre algunos de los aspectos informados fueron la profundización del extractivismo en el país en deterioro del agua y el medio ambiente y que el Estado salvadoreño continúa negándose a estudiar y aprobar nuevos marcos normativos para la protección del medio ambiente para enfrentar los efectos del cambio climático y para garantizar una soberanía alimentaria.
La Mesa por la Justicia Laboral (MPJL), que también integra al colectivo EPU-DESC, recalcó la crítica situación de derechos laborales y sindicales ante, por ejemplo, el desmantelamiento progresivo de sindicatos, la criminalización de al menos 16 sindicalistas y uno de estos que falleció bajo tutela del Estado salvadoreño.
Temas como la eliminación de políticas públicas en favor del sector campesino, retrocesos en sector agrícola, el aumento de la población en pobreza, la inflación de los precios de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el despojo forzoso a poblaciones vulnerables, la precarización del sistema de salud y la deserción escolar, también fueron detallados ante el mecanismo de la ONU.
“El Consejo de Derechos Humanos ha emitido resoluciones en donde hay países que han sido catalogados como que no quieren cooperar o que no están dispuestos a cooperar (…) Corremos el riesgo que si no se toman en cuenta las recomendaciones que hacen los otros Estados, vamos a ser parte de esa lista y eso también es una evidencia del deterioro que hay, innegable, en materia de derechos humanos en el país”, dijo Elizabeth Estrada, integrante del Colectivo.
Este Colectivo que presentó dicho informe sobre la situación de los DESC en El Salvador, lo integra la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMEAES), la Asociación de Estudiantes de Derechos «Roque Dalton», Asociación Mujeres Libres, el Foro Nacional de Salud, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, la Mesa por la Soberanía Alimentaria, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y otras más.
Con edición de Diego Hernández
