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El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) junto con el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) enviaron un informe ayer 16 de julio de 2024 para poder informar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre distintas violaciones a derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción en El Salvador, según confirmó a VOCES la directora del SJH, Ingrid Escobar.
“Estamos señalando una cantidad de violaciones a derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción contra población civil inocente”, dijo. Entre estas vulneraciones, Escobar mencionó que han incluido información sobre detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso judicial, tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas, desapariciones forzadas y muertes extrajudiciales.
Este documento se envió a la ONU en el contexto de la recepción de informes de las organizaciones de la sociedad civil para que la Secretaría del Examen Periódico Universal (EPU) integrada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) prepare su propio informe con toda la información recibida.
Este informe de la Secretaría del EPU luego servirá como la base para que los Estados parte de la ONU puedan generar recomendaciones a El Salvador con miras a que acate los estándares internacionales de derechos humanos.
Desde 2008, cada cuatro años y medio se ha realizado esta revisión y evaluación sobre el respeto a los derechos humanos que cada Estado se comprometió a obedecer al formar parte de la ONU. Según el calendario de este cuarto ciclo del EPU, el Estado salvadoreño tiene hasta el 7 de octubre de 2024 para presentar su propio informe.
La evaluación al Estado de El Salvador se llevará a cabo en la 48 sesión del Grupo de Trabajo del EPU, dentro del cuarto ciclo, entre el 20 y 31 de enero de 2025.
El régimen de excepción ha sido señalado por organizaciones tanto nacionales e internacionales como el SJH, Cristosal, Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la misma ONU a través de la OACNUDH como una medida que viola sistemáticamente los derechos de las personas en El Salvador.
Hasta el momento, el SJH ha contabilizado más de 300 muertes bajo resguardo del Estado salvadoreño en centros penales, mientras que Cristosal ha registrado 265 muertes; 4 de ellas siendo personas menores de 18 años.
