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“Su hijo no existe aquí”, fue la repuesta de un policía al padre de Nicolás (seudónimo) quien pidió ver a su hijo de 16 años durante una audiencia, pues él fue capturado en julio de 2022 por las fuerzas de seguridad salvadoreñas en un centro de escolar en el municipio de Tacuba, Ahuachapán. En enero de 2023, el adolescente fue condenado a dos años y seis meses de prisión preventiva.
Nicolás es uno de los 3,319 niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de capturas en El Salvador entre marzo de 2022 y diciembre de 2023 en el marco del régimen de excepción, una medida de seguridad insignia del actual gobierno que a julio de 2024 continúa prorrogándose. Esta cifra fue reportada por el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) a autoridades estadounidenses.
Nicolás también se suma a los más de 1000 menores de 18 años condenados principalmente por supuestos vínculos con grupos criminales.
Esto lo confirmó el reciente informe del organismo internacional Human Rights Watch (HRW), mismo que evidenció que en el actual escenario salvadoreño son las fuerzas de seguridad que someten, sin alguna responsabilidad, a la niñez y adolescencia a graves violaciones a derechos humanos, incluida la tortura.
Según HRW, la mayoría de estos niños y niñas pertenecen a zonas estigmatizadas y a algunos los intentaron reclutar en grupos pandilleriles, incluso por la fuerza, generando en la actualidad un contexto doblemente victimizado para las familias: en primer lugar, por los abusos de estos grupos y, en segundo lugar, por las fuerzas de seguridad.
También señaló que estos cientos de niños y niñas, han estado expuestos a condiciones deplorables, al hacinamiento, a la falta de acceso a alimentación (incluso por días), a la atención médica, el contacto familiar, así como a la reclusión junto a personas adultas.
“Las autoridades (salvadoreñas) han tomado pocas, si es que alguna, medidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes de violencia por parte de otros detenidos, incluyendo golpizas y agresiones sexuales”, advirtió el organismo.
Entre otros escenarios que señaló el informe sobre la niñez y adolescencia privada de libertad en el marco del régimen de excepción, se encuentran que muchos fueron condenados con base en testimonios policiales no corroborados o a veces contradictorias; en otros casos, las autoridades obligaron a estos a confesar falsamente sus supuestos vínculos con grupos criminales.
“El gobierno de El Salvador debe liberar a los menores detenidos sin pruebas y protegerlos del reclutamiento y abuso por parte de pandillas”, instó el organismo.
HRW llamó al Estado salvadoreño a generar un mecanismo para identificar los casos de personas que han sido detenidas sin evidencia creíble y disponer su liberación inmediata, con énfasis en la niñez y adolescencia, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, entre otras.
Además, insistió en que es necesario que se implementen en el territorio iniciativas de prevención de la violencia en escuelas, entornos familiares y comunitarios dirigidos a este sector poblacional, y programas de reinserción para los menores que hayan cometidos actos violentos o de otro tipo y que podrían haber estado expuestos a arrestos o detención. Urgió también al acondicionamiento de prisiones y principalmente de los centros de detención juvenil para garantizar los estándares internacionales y entornos de reclusión en condiciones seguras, humanas, con acceso a educación, atención médica, contacto familias y representación legal en favor de la niñez y adolescencia.
Con edición de Diego Hernández
