Tras las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, sobre los 142 casos archivados de personas fallecidas dentro de los centros penales en el marco del régimen de excepción, la diputada Claudia Ortiz calificó como “grave” esta situación.
“Al archivar los casos de muertes en los penales durante el régimen de excepción, la Fiscalía no está buscando la justicia. Está perpetuando la impunidad de lo que podrían ser crímenes contra la humanidad y eso es bastante grave”, aseveró Ortiz en una rueda de prensa.
Durante una entrevista en Diálogo 21, el fiscal general aseguró que, hasta la fecha, los casos de muertes dentro de los centros penales de personas que fueron capturados durante el régimen de excepción ascienden a 142. Estos han sido archivados al no constituir delitos de acuerdo con las investigaciones de la FGR, argumentó Delgado.
“Hemos comprobado científicamente con el auxilio del Instituto de Medicina Legal las causas de las muertes. Algunas de ellas se trataban de enfermedades preexistentes, otras fueron algún tipo de enfermedad en la que se prestó el debido auxilio y en el momento oportuno por las autoridades penitenciarias y, posteriormente, desgraciadamente existió el fallecimiento de esas personas por causas naturales”, dijo.
Agregó que “en estos casos, hasta el momento, ya hemos comprobado que no hay un delito que perseguir de parte nuestra y, por tanto, se encuentra archivados. Archivados definitivamente”.
Por su parte, la organización de derechos humanos Cristosal, que ha permanecido desde el inicio del régimen de excepción recibiendo y documentando casos de violaciones a derechos humanos, sostuvo en su más reciente informe que la cantidad de muertes dentro de los centros penales, al menos hasta finales de mayo, eran 160.
En el mismo informe señaló que casi la mitad de estos casos fueron muertes violentas confirmadas, posibles o sospechosas, y cerca de un quinto fueron causadas por la “negligencia deliberada en la provisión de asistencia médica, medicamentos y alimentos”.
Además, Cristosal determinó que dentro de los centros penales los reos están expuestos a golpizas, condiciones inhumanas carcelarias, hacinamiento, encierro prolongado en celdas de castigo, la falta de agua para consumo y otros usos, choques eléctricos, uso de gas pimienta, entre otro tipo de situaciones.
A más de 12 meses el régimen de excepción continúa vigente. La última prórroga de esta medida por la Asamblea Legislativa fue el día de ayer, continuando también la suspensión de una serie de derechos constitucionales.
Con edición de Diego Hernández