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“Un examen de la información disponible y de los casos documentados en el contexto del régimen de excepción, permiten sostener que las graves violaciones a derechos humanos – detenciones ilegales y/o arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, torturas y muertes bajo custodia del Estado salvadoreño–, no son casos aislados. Estas son producto de un alto grado de coordinación estatal y ocurren con el conocimiento de las más altas autoridades, quienes muchas veces las incentivan y justifican”, sostuvo Amnistía Internacional en su más reciente informe.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones defensoras de derechos humanos, denunciaron que durante los 21 meses consecutivos que tiene en vigencia el régimen de excepción, el Estado salvadoreño ha restringido y vulnerado derechos fundamentales, incluyendo la vida y la prohibición de la tortura.
El informe “Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador”, calificó como alarmante la actual crisis de derechos humanos en El Salvador. Señaló entre algunos aspectos, la masividad de violaciones de derechos humanos, el alto grado de coordinación estatal en el diseño e implementación de estas medidas y la respuesta estatal que tiende a ocultar y minimizar las denuncias de violaciones, negándose a reconocer o investigar y quedando en impunidad estos hechos.
De acuerdo con el informe, desde marzo de 2022 a octubre de 2023, durante el régimen de excepción se registraron más de 73,800 detenciones por su supuesta vinculación a grupos criminales, contabilizaron 327 casos de desaparición forzadas y más de 190 muertes bajo custodia estatal.
Sobre lo anterior, Amnistía Internacional lamentó como desde las autoridades han mantenido la impunidad en estos casos y cómo esta ha permitido repetir dichos hechos violatorios de derechos humanos, generando a la vez un clima de desconfianza y escepticismo en la voluntad del Estado para garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas.
Señaló, además, que, desde la vigencia del régimen de excepción, las comunidades más empobrecidas y vulneradas en El Salvador y las personas, en su mayoría, con bajo nivel educativo, empleos precarios y residentes de áreas históricamente estigmatizadas, han pasado de ser violentados por grupos criminales a ser violentados por agentes estatales.
“Como organizaciones hemos venido denunciando desde hace meses el abuso y la concentración de poder y eso hace que también se estigmatice la labor de defensa de derechos humanos. «Estamos ante un Estado que no solo viola derechos humanos, reprime derechos humos, sino que niega esas violaciones”, sostuvo Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (idhuca).
Para Santos, la solución de la crisis de seguridad pública ha sido una deuda que por décadas ha figurado una de las mayores deudas. Sin embargo, manifestó que ante esto es necesario una respuesta integral. “Necesitamos que el Estado garantice el ejercicio de los derechos de asociación, reunión, entre otros, y que no estigmatice la labor de defensa de derechos humanos”, añadió.
A juicio de la directora para las Américas de Amnistía Internacional, para que El Salador avance en materia de seguridad, igualdad y dignidad es buscando alternativas compatibles con los derechos humanos. “No es posible un sistema de seguridad exitoso violando derechos de forma masiva”, acotó.
Con edición de Morena Villalobos
