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El informe anual de 2022 sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la UCA determinó que, aún si se utilizara la capacidad máxima del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el sistema penitenciario del país tendría un 133.62% de hacinamiento.
Con la información oficial más actualizada, el OUDH estableció que el porcentaje de hacinamiento sin el CECOT es de 306.7%, ya que actualmente hay 94,687 personas privadas de libertad (PPL) y la capacidad máxima del sistema penitenciario era de 30,864 personas.
Con el CECOT, la capacidad máxima aumentó a 70,864 personas. Sin embargo, la OUDH detalló que hasta el momento -y tomando en cuenta la información oficial- solamente 4,000 PPL ha sido trasladada a las instalaciones del CECOT, por lo que solamente un 10% de la capacidad está siendo utilizada.
El coordinador del OUDH, Jorge Rodríguez, explicó que, debido a esto, el porcentaje de hacinamiento real en el sistema penitenciario es más cercano al 306.7% anteriores que al 133.62% con el CECOT.
“El hacinamiento carcelario en sí mismo ya es una vulneración a los derechos humanos, en tanto no permite garantizar condiciones dignas para la PPL, pero además genera el ambiente que propicia nuevas y más graves vulneraciones a derechos humanos, como la obstaculización de acceso a servicios de salud a la PPL”, recalcó Rodríguez sobre las consecuencias que genera el hacinamiento.
El 27 de marzo de 2023, a un año desde la aprobación del régimen de excepción en 2022, organizaciones de la sociedad civil informaron que registraron 111 muertes dentro de centros penales.
La directora de investigaciones de Cristosal, Rina Montti, detalló que ellos específicamente han contabilizado 132 casos “verificables” de PPL que falleció mientras se encontraban en instancias penitenciarias.
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó el mismo 27 de marzo que el 48% de los casos que registraron de muertes dentro de centros penales se debieron a muertes violentas, y el 32% por negligencia médica.
Ante esta situación, el OUDH recomendó al Estado que deje sin efecto el régimen de excepción, permita el ingreso de instituciones de control a centros penales, investigue de forma independiente las muertes dentro de las prisiones y restituya el derecho de acceso a la información, pues muchas de las solicitudes de acceso a la información son denegadas o catalogadas como inexistentes.
