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La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte de Suprema de Justicia (CSJ) catalogó como “improponible” la demanda en contra de la Corte de Cuentas de la República (CCR) interpuesta por Cristosal luego de que esta se negara a investigar el posible de uso de fondos públicos para la contratación del software de espionaje Pegasus.
En febrero de 2022, la oenegé solicitó a la CCR dos cosas: la activación de sus facultades constitucionales y legales para corroborar el posible uso de fondos públicos para la contratación de Pegasus (servicio únicamente ofrecido a Estados, según estableció NSO Group, creador del software) y que, es caso de corroborar este hecho, se procediera a realizar un examen especial del uso de los fondos.
En la resolución de la Sala expresó “que ni ella, ni la cámara, ni los juzgados con competencia en materia contencioso administrativo pueden proteger los derechos humanos regulados en tratados internacionales, pues considera que la fiscalización de la Hacienda Pública es un tema ajeno a estos”, destacó Cristosal en un comunicado.
Asimismo, la Sala dictaminó que, tanto la Constitución y los tratados internacionales que se relacionen con la fiscalización de la Hacienda Pública, no serán aplicados. Para Cristosal, esto representa un antecedente para la impunidad por impedir que se presenten demandas contra decisiones cuestionables de la CCR y abrir paso a que esta se niegue a cumplir su mandato sin repercusiones, señaló la oenegé.
Cristosal indicó que tras agotar todas las instancias internas “acudirá a instancia internacionales en la búsqueda de la justicia, ya que la Sala deja sin protección a las personas que fueron o serán víctimas de espionaje e incide de forma negativa en la libertad de información, expresión y difusión del pensamiento, derechos fundamentales que el Estado de El Salvador se comprometió en proteger”, agregó.
