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Pidieron respuestas ágiles y eficaces para la inmediata búsqueda y localización de las personas desaparecidas. El caso más reciente es el de Allison Abigail Ulloa Martinez, una estudiante de medicina desaparecida ayer 29 de agosto.
Pese al régimen de excepción, las organizaciones de la sociedad civil continúan registrando casos de personas desaparecidas, como el de la estudiante de medicina Allison Ulloa reportada en las últimas horas por la cuenta Alerta Raquel, por lo que desde este día han lanzado una campaña digital que busca ayudar a la pronta localización de las víctimas de este crimen.
Eneida Abarca, del Bloque de Búsqueda de Personas desaparecidas en El Salvador, dijo en conferencia de prensa que, según datos oficiales, entre enero y octubre de 2021 se reportaron 1555 casos de personas desaparecidas, a los que suman otras 577 entre enero y mayo de 2022.
Abarca busca desde enero de este año a su hijo Carlos Abarca y ha encontrado en organizaciones como la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) el apoyo para continuar adelante hasta dar con el paradero de su hijo.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparaciones Forzadas, el Bloque de Búsqueda junto a las organizaciones emitieron un pronunciamiento en el que llamaron a las institiuciones del Estado a establecer “mecanismos de prevención, atención, búsqueda y garantías de no repetición de estos acontecimientos tan atroces”.
El director de ASDEHU, Pedro Cruz, exigió que el Estado dé respuestas ágiles y eficaces que permitan la inmediata búsqueda y localización de las personas desaparecidas.
Kerlin Belloso, abogada de FESPAD, explicó que la campaña busca que los familiares de las personas desaparecidas puedan enviar datos y fotografías de la víctima, de manera que esta información se difunda oportunamente y ayude a su pronta localización.
En la conferencia de prensa, Abarca sostuvo que el Bloque de Búsqueda es una respuesta de las madres de las personas desaparecidas ante “la falta de respuesta de las autoridades”.
“Nos tratan con indeferencia, irresponsabilidad. Aquí hay un denominador comun de todas las madres: los fiscales nos bloquean via WhatsApp, no nos contestan las llamadas, y los investigadores igualmente”, reclamó.
En El Salvador la guerra civil (1980-1992) dejó a unas 8 mil personas desaparecidas forzosamente por agentes del Estado o grupos paramilitares, pero el fenómeno también tuvo un momento álgido en la década de los años dos mil con distintas expresiones de violencia.
En ese tiempo “la desaparición de personas es ejecutada también por miembros de pandillas y personas civiles, motivados, entre otras cosas, por la alta impunidad de este delito”, sostuvieron las organizaciones en el pronunciamiento.
