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El año 2024 fue un año violento para defender derechos humanos y ejercer el periodismo, según la Mesa por el Derecho a Defender Derechos en El Salvador.
De acuerdo con la Mesa, en 2020 registraron 100 casos de agresiones contra defensores y periodistas, en 2021 un total de 185 casos, el siguiente año un total de 182 y en 2023, reportaron 226. Sin embargo, el más reciente informe reveló que en 2024 las agresiones ascendieron a 533.
“Los casos han venido creciendo. Aún sin contexto electoral creemos que las agresiones han aumentado significativamente”, indicó Gabriela Colocho, del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
El año 2024 estuvo marcado por las elecciones generales, por limitaciones al acceso a la información pública, por el acoso “sistemático” a organizaciones de sociedad civil, por hostigamiento fiscal y administrativos a las mismas, pero además por la continuidad del régimen de excepción, la aprobación de reformas a la Constitución, la reversión de la prohibición a la minería metálica y la aprobación de normativas como la Ley de Ciberseguridad y Ley de Protección de Datos, mencionaron.
Todo lo anterior representó un retroceso en normativas que afectan el espacio cívico y el derecho a defender derechos humanos en El Salvador, señalaron.
De los 533 casos de agresiones, las organizaciones detallaron que 403 fueron contra personas individuales y 130 en colectivo. Este último dato también figura un incremento respecto de años anteriores por lo que manifestaron su preocupación ante este escenario.
Añadieron que 205 casos fueron contra hombres, 191 contra mujeres y 7 fueron personas de la comunidad LGBTIQ+.
Sobre las personas periodistas, del total de agresiones, 347 agresiones fueron en contra del gremio. Los más afectados fueron periodistas de medios digitales, seguidos de la prensa escrita, radio y televisión. Fueron 199 hombres agredidos y 148 mujeres.
Respecto de las mujeres, periodistas y defensoras de derechos humanos, la principal modalidad de agresión fueron violencia de género en línea, acoso u hostigamiento físico, vigilancia, difamación y descrédito. También registraron otras agresiones de género como violencia sexual, violencia física y el feminicidio.
Al señalar los perpetradores de las agresiones, la Mesa evidenció que fueron, en primer lugar, los funcionarios o empleados públicos, entre estos, agentes de seguridad pública, Casa Presidencial, la Asamblea Legislativa, entre otros. A ellos les responsabilizan por el 45% de las agresiones en 2024.
“Todos los informes que hemos analizado desde 2020 señalan a funcionarios o empleados públicos como principales perpetradores y esto sigue siendo grave sobre en un contexto en el que podemos estar seguras de que ya no es un contexto democrático, que ya hay una cooptación total de la institucionalidad de la separación de poderes, de todas las garantías que una persona pueda tener en este país”, dijo Colocho.
Con edición de Diego Hernández
