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“Desde la implementación de la LAIP (Ley de Acceso a la Información Pública), este es el peor momento en cuanto al respeto del derecho de acceso a la información pública en El Salvador. Sin un ente controlador activo, la vulneración de este derecho se intensificará cada vez más, lo que devendrá en el irrespeto de otros derechos, por ser el DAIP el que abre las puertas para la garantía de otros”, aseguró la organización de derechos humanos, Cristosal, en su informe “Reporte sobre el Estado de la transparencia: La instauración de la opacidad”.
De 1,463 solicitudes de información de 15 instituciones (medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación), desde junio de 2019 hasta diciembre de 2023, únicamente 394 de las solicitudes fueron resueltas favorablemente, siendo el 15 % de estas con información entregada parcialmente, reveló el más reciente informe de dicha organización.
Lo anterior se resume en que casi el 75 % de la información pública solicitada desde los distintos sectores que fueron retomados para la investigación no fue entregada. La principal respuesta ante la negativa de la información fue el argumento de que esta era inexistente, seguida de la categoría “sin respuesta”, reservada, denegada, incompetente, confidencial o improcedente.
Sobre las solicitudes, 508 eran relacionadas a información vinculada al uso de recursos públicos y contrataciones. Solo la tercera parte de esa fue respondida. Otro porcentaje de las solicitudes eran referentes a la información de partidos políticos y con fuentes de financiación y destino. El 9.35 % obtuvo respuestas favorables al respecto.
Con base a todo esto y otros informes, Jonathan Sisco, abogado del área de anticorrupción de Cristosal, afirmó que en El Salvador “se está violentando el derecho de acceso a la información pública”. Si bien, recordó que la LAIP ha sido reconocida tanto en el país como en el exterior como una de las mejores leyes en la materia, Sisco afirmó que la misma no se está poniendo en práctica en la actualidad.
“El 73 % de solicitudes han sido denegadas y no hay argumentos legales que permitan al Estado negar esta información. Son decisiones ilegales. Las solicitudes se refieren a información pública que las autoridades deben publicar sin que nadie se los solicite. Es información pública oficiosa”, dijo el abogado.
Sisco agregó que, con la opacidad de la información, la libertad de prensa y de expresión está siendo vulnerada. Según el abogado, la causa de esta situación podría estar relacionada a ocultar, desde las autoridades estatales y funcionarios, actos irregulares e incluso posibles actos de corrupción, además de implantar una narrativa y discurso único. “Prácticamente seria contar una realidad que no es acorde con lo que vivimos día a día. Es mantener los altos niveles de popularidad, pero con base a mentiras”, argumentó.
Con edición de Diego Hernández
