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El más reciente informe de Cristosal evidenció los sistemáticos patrones de tortura en contra de los miles de privados de libertad en el marco del régimen de excepción, reflejadas especialmente en las víctimas mortales que, hasta abril, ascendían a 153 durante esta medida que continua vigente desde hace más de un año.
Desde golpizas y malos tratos al ingreso desde los centros penales, condiciones inhumanas carcelarias, hacinamiento, encierro prolongado en celdas de castigo, la falta de agua para consumo y otros usos, choques eléctricos, uso de gas pimienta, son las diferentes torturas que los detenidos sufren, según determinaron los expertos de Cristosal en una investigación.
De los 153 casos de personas que murieron bajo la tutela del Estado, señalaron que casi la mitad fueron muertes violentas confirmadas, posibles o sospechosas, y cerca de un quinto fueron causadas por la “negligencia deliberada en la provisión de asistencia médica, medicamentos y alimentos”.
“Estas acciones revelan claramente que forman parte de una política punitiva llevada a cabo por los custodios y funcionarios de la administración penitenciaria. Es evidente que tales acciones requieren la autorización y el respaldo de las autoridades de más alto nivel en el ámbito de Seguridad”, aseveraron en un comunicado.
A juicio de David Morales, director de Litigio Estratégico de Cristosal, El Salvador se encuentra frente a un aparato de poder estatal para generar violaciones masivas de derechos humanos como las que se perpetraron durante el conflicto armado
“Ahora las violencias a derechos humanos son sistemáticas, son masivas, generalizadas y son producto de decisiones inconstitucionales adoptadas por las máximas autoridades del Estado, desde el primer nivel. Estas violaciones a derechos humanos adquieren, por tanto, características de lesa humanidad”, aseveró el abogado David Morales.
Agregó que “la tortura como política, la tortura hasta la muerte, la ausencia de jueces independientes, todo es característico de la violencia de lesa humanidad del conflicto armado. Estamos viviendo expresiones de repetición de hechos similares con el régimen de excepción”.
Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho de Cristosal, sostuvo que en muchos casos de personas que han muerto dentro de los centros penales ha existido incongruencia entre la causa de la muerte consignada por el Instituto de Medicina Legal (IML) y la condición que presenta el cadáver, como laceraciones, hematomas que evidencian golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulaciones, entre otras. }
En muchas ocasiones, el instituto establece que la muerte ha sido por edema pulmonar a pesar de que el cuerpo presenta afectaciones físicas notorias.
Agregó que, de los casos investigados, al menos 7 fallecieron durante el traslado a un centro hospitalario. Sin embargo, también existe la posibilidad de que en muchos de los casos las personas pudieron haber muerto dentro del mismo centro penitenciario, dijo.
El listado de las 153 personas muertas bajo la tutela del Estado que publicó este día Cristosal reveló además que el 46.3% de estos tenían una edad entre los 18 y 38 años, y el 40.5% entre los 38 y los 48 años. Es decir, casi la mitad eran personas jóvenes en edad productiva. Entre estos, se identificaron únicamente 4 mujeres.
Otro aspecto que resaltaron fue el hecho de que a pesar de que el régimen de excepción fue aprobado desde hace más de un año, la administración penitenciaria sigue sin contar con un mecanismo eficaz que garantice el derecho de las familias a recibir información sobre la situación y condición de los privados de libertad. Esta falta de mecanismo hace que quienes les informen sobre las muertes en los centros penales sean las funerarias, dijeron.
La investigación realizada por Cristosal se desarrolló a través de una investigación basada en testimonios de personas víctimas de familiares fallecidas y detenidas durante el régimen de excepción, esquelas del IML, monitoreo de medios y consultas con especialistas.
