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“Hay una responsabilidad directa de la Corte Suprema de Justicia que no ha tenido la capacidad de garantizar la comparecencia de una de los imputados a través de audiencia virtual, pero también la negligencia extrema de la Dirección General de Centros Penales que tampoco ha garantizado la presencia física de este procesado que se encuentra detenido para la audiencia. Esto ha motivado nuevamente una suspensión”, sostuvo David Morales, jefe de justicita transicional de Cristosal.
Una vez más fue suspendida la vista pública en el caso de un escuadrón de la muerte, de cuatro integrantes, acusados por los delitos de secuestros, tortura y asesinato de cinco civiles, hecho conocido como la masacre de San Andrés, en San Miguel, perpetrado el 7 de abril de 1981.
Durante más de ocho meses, los abogados acusadores y los familiares de las víctimas masacradas han esperado el desarrollo de esta etapa judicial y son más de 40 años en los que los familiares de Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña Castellón, los civiles masacrados, han esperado verdad y justicia.
“El sistema judicial sigue fallando. Sigue sin dar acceso a las víctimas a una justicia en un caso que configura un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad”, dijo Morales, defensor de derechos humanos.
“Juzgar criminales de guerra parece que no interesa al actual sistema de justicia, a las actuales autoridades de gobierno. Esto muestra el estado de la justicia actual en El Salvador: una justicia lenta, deteriorada, que en su disfuncionalidad sigue garantizando impunidad a criminales de guerra mientras las víctimas directas, los y las familiares sobrevivientes, siguen sin acceso a la justicia”, añadió.
Con edición de Diego Hernández
