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Una decena de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales cuestionaron y lamentaron la postura del Estado salvadoreño tras la reciente publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que evidenció graves violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.
“El desacreditar el contenido del informe, aceptando únicamente el reconocimiento que la Comisión (CIDH) hace sobre la disminución de los homicidios y de algunos delitos, pero invalidando el resto de la información, es una posición contradictoria y absurda por parte del Estado salvadoreño. Creemos que es una postura lamentable”, manifestó Verónica Reyna, directora de programa de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
SSPAS y el resto de las organizaciones se refirieron al comunicado difundido por parte del Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, en el que se señaló la supuesta vulneración del derecho de defensa del Estado salvadoreño por parte de la metodología-aplicada en aproximadamente 80 informes de otros países, según las organizaciones- usada por el organismo internacional y la supuesta falta de transparencia y objetividad del documento.
“A la fecha, la CIDH no ha proporcionado una explicación satisfactoria sobre cómo se seleccionan sus fuentes, testigos, procesos de entrevistas y selección, ni ha demostrado de manera clara y pública que sus decisiones están libres de influencias externas (…) Es esencial que adopte medidas para garantizar que sus informes y decisiones estén basados únicamente en evidencia objetiva y verificable”, subrayó el Comisionado en el comunicado.
“Nos preocupa la postura contraria a derechos humanos que tiene el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos; pareciera que no hay un interés genuino de conocer, primero, a las víctimas de violaciones a derechos humanos y, segundo, de aportar y acompañar la reparación de estas”, añadió Reyna, defensora de derechos humanos, cuestionando, además, la falta de cifras oficiales y el bloqueo de información pública en este contexto.
David Morales, exprocurador de derechos humanos y ahora jefe de justicia transicional de Cristosal, destacó la importancia de dicho informe, calificándolo como el “hasta hoy, el llamado internacional más fuerte para que cesen las violaciones a derechos humanos en El Salvador que está ocasionando el régimen de excepción”.
Morales subrayó, además, algunas de las 22 recomendaciones por parte al organismo internacional hacia el Estado salvadoreño, como desarrollar e implementar una política de atención a víctimas de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, la elaboración de un registro que individualice a las víctimas, la urgente investigación de dichos casos, y la elaboración e implementación de un plan de reparación integral para las víctimas.
“Este tipo de medidas de reparación desde el sistema interamericano, las habíamos visto formuladas para los casos del conflicto armado (como en los casos de la masacre de El Mozote y lugares aledaños y casos de niñez desaparecidas forzosamente). Esto quiere decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está dimensionando la magnitud y gravedad de las violaciones a los derechos humanos que está provocando el régimen de excepción”, aseguró David Morales.
Las organizaciones, entre estas Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), entre otras, llamaron al Estado salvadoreño a atender todas las recomendaciones de la CIDH inmediatamente y no ignorarlas a fin de reestablecer el Estado de derecho y garantías constitucionales suspendidas en la actualidad.
