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Familiares del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) demandaron a la Fiscalía General de la República (FGR) esclarecer el amotinamiento reportado durante horas de la noche del pasado 8 de enero dentro de las instalaciones del penal de Izalco, en Sonsonate.
“Las madres y familias no soportan esta zozobra, no saben qué pasó con sus seres queridos. Sabemos que hay heridos, hay muertos, pero solamente por lo que dicen en las redes sociales y queremos saber la versión del gobierno y como hemos visto un silencio total y quieren ocultar la verdad de lo que pasa en ese lugar, posiblemente hay algo más grave. Por eso estamos ahora para que la Fiscalía ejerza su trabajo e investigue qué pasó en el penal de Izalco”, manifestó Samuel Ramírez, uno de los líderes del MOVIR.
De acuerdo con la organización, acompañada por la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), detallaron que el disturbio ocasionó presuntamente que diez reos resultaran heridos y un posiblemente fallecimiento de los familiares y los casos de personas detenidas arbitrariamente durante el régimen de excepción que defienden ambas agrupaciones.
El presunto fallecido es Erick Umanzor. Según la organización de abogados, el día posterior al amotinamiento, la familia recibió una llamada de una persona que se identificó como empleado de una funeraria e indicó la muerte de Umanzor como consecuencia del disturbio. Sin embargo, la familia llegó al centro penal para solicitar información, pero la respuesta fue negativa. También consultaron en hospitales y luego en Medicina Legal, pero la respuesta fue la misma sin confirmar el estado o paradero de la persona.
“No se puede normalizar una situación tan delicada y tan grave como es la vida y salud de personas que han sido lesionadas y con posibles fallecimientos”, señaló Ivania Cruz, abogada de UNIDEHC tras presentar un escrito ante la FGR ante lo acontecido en el penal de Izalco, una situación que hasta la fecha, autoridades salvadoreñas no han brindado información oficial.
Penal de Izalco
El disturbio se registra casi tres años desde que en El Salvador se aprobó el régimen de excepción. Ciudadanos y usuarios de redes sociales reportaron haber observado la noche del 8 enero la entrada y salida de ambulancias, y, además, los sonidos de disparos.
De acuerdo con el Socorro Jurídico Humanitario, una de las organizaciones que ha denunciado las graves violaciones a derechos humanos en dicho contexto, la cantidad de personas fallecidas dentro de centros penales ya asciende a las 359.
“Nosotros tenemos todo un análisis donde podemos confirmar que el 40% de esos 359 muertos han salido de Izalco. Es decir, el 40% viene de ese centro penal y eso es bien preocupante porque ahí es que se está dando los actos más graves de violaciones a derechos humanos”, indicó a VOCES Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico.
Con edición de Diego Hernández
