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La Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) envió un informe a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para advertir sobre el “retroceso significativo” que el Estado salvadoreño ha llevado a cabo con sus acciones en materia de verdad, justicia, reparación, medidas de no repetición y memoria histórica, es decir, justicia transicional, en el contexto de la recepción de informes de la sociedad civil para el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Este documento estuvo enfocado en presentar las principales preocupaciones que la sociedad civil y las víctimas advierten sobre el comportamiento del Estado salvadoreño respecto a la agenda de justicia transicional. Describe cómo, a pesar de que aceptó cinco recomendaciones sobre esta temática, el contexto actual de deterioro democrático y de la vigencia de los derechos humanos ha conducido a un retroceso significativo en la aplicación de medidas que garanticen la verdad, justicia, reparación integral y memoria para las víctimas del conflicto armado”, explicó a VOCES la abogada, politóloga, doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global y redactora del informe, Sonia Rubio.
Entre estas se encuentra la falta de una ley de justicia transicional. En 2021, las víctimas del conflicto armado y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la MECIES, presentaron a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de justicia transicional.
Sin embargo, esta no fue estudiada por los diputados de la legislatura de 2021-2024. Los nuevos diputados (2024-2027) archivaron la propuesta en sus primeras sesiones de trabajo, a pesar de que desde el 13 de julio de 2016 la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa redactar y aprobar una ley de justicia transicional que garantizara a las víctimas del conflicto armado todos los componentes de la justicia transicional, además de derogar la Ley de Amnistía de 1993.
Juan Carlos Sánchez, oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) e integrante de la MECIES, mencionó que en el informe también se detalla el “virtual estancamiento” de las causas judiciales en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado.
El caso de El Mozote y lugares aledaños ha sido un ejemplo de esto. La jueza asignada al caso, Mirtala Portillo, ha llevado a que el caso deje de avanzar en su proceso judicial luego de la renuncia del juez Jorge Guzmán en protesta por una reforma judicial que obligaba a jueces y juezas mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio a renunciar.
Sin embargo, Sánchez también resaltó que se reconocen algunos avances en esta materia. Uno de ellos es el progreso evidenciado en el caso de los 4 periodistas holandeses emboscados y asesinados el 17 de marzo de 1982. En octubre de 2022, la jueza del caso ordenó la detención provisional del exministro de la Defensa Nacional, general José Guillermo García, el exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán y el excomandante de la 4ª Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso, Chalatenango, coronel Mario Adalberto Reyes Mena.
Sobre el elemento de la memoria histórica, Sánchez mencionó que el informe consigna la construcción del Jardín Memorial sobre la niñez desaparecida forzosamente en el conflicto armado en el parque Cuscatlán como un avance. “Pero se advierte que también el Estado no muestra su disposición de cumplir con los estándares internacionales parea este tema”, dijo.
Con el informe, Sánchez explicó que esperan que con la información brindada los Estados miembros de la ONU puedan hacer recomendaciones en la materia al Estado salvadoreño. “Las organizaciones firmantes de este informe al EPU, esperan que durante este nuevo examen al que estará sometido El Salvador a principios de 2025, los Estado formulen recomendaciones muy precisas a El Salvador y que las autoridades estatales del país cumplan plenamente con estas recomendaciones”, dijo.
Rubio también espera que con el informe se logre incidir de manera positiva en el Estado salvadoreño. “Que retome las acciones necesarias para garantizar efectivamente los derechos a la verdad, justicia, reparación integral, memoria y medidas de no repetición de las víctimas del conflicto armado. Muchas de ellas llevan esperando más de cuarenta años que se les garantice efectivamente sus derechos, reclamando justicia y reparación de las atrocidades que sufrieron. No deberían esperar ni un minuto más”, sostuvo.
Ramón Arita, sobreviviente de tortura durante el conflicto armado e integrante del Comité de ExPresas y Presos Políticos de El Salvador (COPPES), mencionó que las víctimas esperan que la ONU y los Estados parte puedan exigirle al país que respete los derechos humanos a partir del examen que se le hará en 2025.
Desde 2008, cada cuatro años y medio se ha realizado esta revisión y evaluación sobre el respeto a los derechos humanos que cada Estado se comprometió a obedecer al formar parte de la ONU. El último examen al Estado salvadoreño fue hecho en 2019.
Según el calendario de este cuarto ciclo del EPU, el Estado salvadoreño tiene hasta el 7 de octubre de 2024 para presentar su propio informe. La evaluación al país se llevará a cabo en la 48 sesión del Grupo de Trabajo del EPU, dentro del cuarto ciclo, entre el 20 y 31 de enero de 2025.
