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El Salvador no se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a suspender el Estado de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022, abolir la prohibición total del aborto, ratificar un instrumento internacional para combatir el fenómeno de las desapariciones, el cese de las detenciones arbitrarias, y garantizar el respeto de los derechos de las personas periodistas y defensores de derechos humanos. Tampoco se comprometió a legislar una ley de justicia transicional en favor de las víctimas del conflicto armado.
Este es el resultado del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido El Salvador el pasado 20 de enero. El documento al que accedió VOCES sobre las 228 recomendaciones recibidas en dicha evaluación confirmó que El Salvador aceptó 150 de estas y en 78 solo “tomó nota”. El documento fue entregado al organismo el 10 de abril.
Las 78 recomendaciones no aceptadas
De acuerdo con Juan Carlos Sánchez, consultor y especialista en derechos humanos, “tomar nota” en el marco del EPU, se refiere a que un Estado, si bien reconoce que una o varias recomendaciones son parte de sus obligaciones internacionales, no se compromete a darle un seguimiento “detallado”.
De entre las que El Salvador únicamente tomó nota, 15 se hicieron en relación al régimen de excepción en El Salvador. De las 15, seis propuestas por Colombia, Irlanda, Nueva Zelanda, Alemania y otros, instaban al Estado ponerle fin.
El resto de las 15 incluía adoptar medidas para garantizar que todas las personas detenidas accedan a juicios imparciales y públicos, investigar las violaciones a derechos humanos en este periodo (marzo de 2022 a la fecha) y revisar y derogar las leyes y los reglamentos aprobados en ese marco.
Un total de 18 recomendaciones, a las cuales tampoco se comprometió, se refieren a la despenalización del aborto, actualmente prohibido totalmente en el país.
Las recomendaciones incluyeron, entre otros aspectos, adoptar ajustes normativos necesarios para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Beatriz y otros vs. El Salvador; establecer criterios en virtud de los cuales se permita legalmente el aborto, en particular en caso de amenaza grave para la salud; garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidas la planificación familiar y las emergencias obstétricas, para mujeres y adolescentes; y revisar la legislación relativa a la prohibición total del aborto. Países como Colombia, Francia, Uruguay, Irlanda, Luxemburgo, México, el Reino de los Países Bajos, Suiza, Cabo Verde, Austria y otros así lo recomendaron.
Otras seis recomendaciones figuraban en materia de desapariciones, fenómeno del cual en El Salvador los datos se encuentran en reserva. Al menos 12 países recomendaron ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Además, otras nueve recomendaban al Estado salvadoreño velar por las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Países como México, Noruega, Ecuador, Austria, Brasil, Grecia y Costa Rica instaron durante el EPU a El Salvador a adoptar y aplicar un marco normativo que reconozca y proteja la labor de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, garantizando un entorno seguro; asegurar un espacio cívico abierto y seguro garantizando la libertad de expresión y de asociación y combatiendo la estigmatización de periodistas y defensores.
Una en particular, hecha por Brasil, instaba al Estado a fortalecer las garantías de protección para los defensores de derechos humanos y asegurar que todas las violaciones de los derechos humanos, incluidas aquellas ocurridas en el contexto del Estado de excepción y atribuidas a las fuerzas de seguridad pública, sean debidamente investigadas, procesas y reparadas.
Del resto de las 78, figuraban recomendaciones en materia de la erradicación de la tortura, garantías de los derechos de los pueblos indígenas y personas afrodescendientes y el reconocimiento de la población LGBTI.
La respuesta del Estado
Si bien el Estado salvadoreño aceptó plenamente un total de 150 recomendaciones tras el EPU, El Salvador alegó que el resto de las 228 recibidas atentaban contra la soberanía del país.
“Un análisis meticuloso revela que ciertas recomendaciones invaden el ámbito de las decisiones soberanas, particularmente en lo que respecta a prioridades legislativas, o se fundamentan en premisas que no se corresponden con la realidad nacional. Por consiguiente, El Salvador se ve en la necesidad de tomar nota de dichas recomendaciones, reafirmando su compromiso y protección de los derechos humanos, pero también su derecho inalienable a determinar su rumbo en el marco del derecho internacional”, señaló el Estado salvadoreño en el informe presentado ante las Naciones Unidas.
Con edición de Diego Hernández
