La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) condenó la decimosexta (16ª) suspensión de la audiencia de vista pública en el caso de Isla Tasajera, en La Paz, proceso en el cual se atribuye el supuesto delito de usurpación al líder comunitario Elmer Funes.
“Es una táctica dilatoria”, aseveró el abogado de UNIDEHC y apoderado legal de Funes, Rudy Joya.
De acuerdo con Joya, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, donde se ventila el caso, alegó la más reciente suspensión debido a que la jueza a cargo se encontraba enferma y a que los testigos de la parte acusatoria tampoco se presentaron. Esto, pese a que el mismo tribunal giró citatorios formales para dichas personas que testificarían, señaló el abogado.
En este caso se disputa la extensión de terreno de la Isla Tasajera, La Paz. Datos del Centro Nacional de Registros (CNR), que ha expuesto UNIDEHC, indican que este lugar posee un total de 699 manzanas que pertenecen al Estado salvadoreño, y 174.94 de estas son propiedad de la familia Closa Salazar.
Según la organización, la familia Closa, que figura como parte acusadora en el proceso ante el tribunal, pretende la construcción de un megaproyecto turístico llamado “El Cancún” en la zona, y ha sido en este contexto en el que, por distintas vías, han llevado a cabo intentos de desalojo en contra de los isleños.
Mientras tanto, el proceso que data de 2023 continúa sin desarrollarse la audiencia de vista pública, y los abogados de UNIDEHC que acompañan el caso aseguran contar con las pruebas y testigos suficientes para que el imputado sea declarado inocente.
“Es importante hacer ver que la negligencia del mismo Órgano Judicial en este proceso, por suspender en 16 ocasiones una audiencia de vista pública y reprogramarla para una ocasión número 17, genera también daños económicos y gastos a don Elmer Funes y sus testigos de la comunidad, que se mueven desde la isla Tasajera hasta la ciudad de Zacatecoluca (…) Reprochamos esa postura”, dijo Rudy Joya.
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