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El perfil de Twitter de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ayer presentaron el dictamen de acusación en contra de los presuntos responsables de la Masacre en la UCA, donde el 16 de noviembre de 1989 el Batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador asesinó a seis sacerdotes jesuitas y a dos colaboradoras dentro de las instalaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.
En el dictamen acusan a los procesados de los delitos de homicidio, actos de terrorismo, conspiración para cometer actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento personal. La FGR acusó al exdiputado del PDC, Rodolfo Parker, de haber manipulado declaraciones de personas involucradas en el crimen para proteger a autores intelectuales.
También, se acusa al expresidente Alfredo Cristiani por supuestamente haber autorizado la operación que desencadenó en el asesinato de los jesuitas y las dos colaboradoras. La FGR sostuvo que Cristiani y el rector de la UCA en 1989, Ignacio Ellacuría, S.J., tuvieron llamadas previas a la masacre. “En una de las llamadas, Cristiani le asegura que no debe preocuparse por el registro que se ejecutaba en la UCA y le pide que permanezca tranquilo y en el lugar. Son más de 20 testigos los que confirman estos hechos”, afirmó la fiscalía.
Uno de los fiscales del caso reconoció que el coronel Inocente Orlando Montano fue condenado el año 2020 en España por la masacre, pero solamente por el asesinato de las víctimas de la nacionalidad española. “Las personas salvadoreñas, en este caso, Julia Elba Ramos, Celina Ramos y el otro sacerdote jesuita de origen salvadoreño (Joaquín López y López), por ellos no fue condenado allá, y por eso también lo estamos acusando acá”, explicó un fiscal del caso.
Los acusados son: Alfredo Félix Cristiani Burkard, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, Joaquín Arnildo Cerna Flores, Inocente Orlando Montano Morales, Rodolfo Antonio Parker Soto, Oscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.
En una conferencia de prensa sobre la posición de la UCA y familiares de las víctimas de la masacre, el rector actual de la institución universitaria, Andreu Oliva, dijo que lamentaba que no se les estaba tomando en cuenta en el proceso judicial.
“No se reconoce a la UCA, a los familiares de Elba y Celina Ramos, los familiares de los jesuitas y a la Compañía de Jesús como víctimas. No sentimos que se nos tenga en cuenta en este proceso”, explicó días después de que el juez separó al representante de las víctimas, el abogado español Arnau Baulenas, como querellante del caso.
El 16 de noviembre de 1989, el Batallón Atlacátl, un escuadrón élite de las Fuerzas Armadas de El Salvador, asesinó a Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, Elba Ramos y Celina Ramos en un operativo donde los altos mandos militares ordenaron ejecutar a Ellacuría, rector de la UCA, y no dejar ningún testigo.
El caso de la Masacre de la UCA fue reabierto en enero de 2022 luego de una resolución de la actual Sala de lo Constitucional y de la Sala de lo Penal. Un mes después, la FGR presentó el requerimiento para acusar a militares, funcionarios y abogados presuntamente implicados. En marzo de 2022, la FGR informó que el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador había decretado la detención provisional de los acusados.
