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La Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y el Movimiento de Victimas del Régimen de Excepción (MOVIR) denunciaron que las personas capturadas durante el régimen de excepción y que se les ha comprobado su inocencia sufren vulneraciones a sus derechos cuando son liberadas, ya que el procedimiento se hace en horas de la noche.
Las organizaciones explicaron que las personas liberadas pueden ser víctimas de desaparición, maltratos, amenazas o pueden ser recapturados.
En este sentido, Alfredo Mejía, de MOVIR, detalló que se han observado casos de personas que se han presentado a los familiares de personas detenidas acreditándose como integrantes de otras organizaciones. En otros casos, personas piden hasta $100 para la movilización de los liberados hasta sus hogares, dijo.
Agregaron que los familiares de los detenidos también son expuestos a ser víctimas de extorsiones o estafas por parte de otras personas que se aprovechan lucrativamente de esta situación.
“La labor de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), la Policía Nacional Civil (PNC) u otra institución del Estado, relacionado con la seguridad, es lamentable para proteger y garantizar la integridad de las personas –liberadas-.”, señalaron.
Para ellos, el acto de liberar personas por la noche es una “estrategia gubernamental”, que “revela el ocultamiento de estos llamados ´errores o daños colaterales´ ante los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos”.
Según datos oficiales del Ministerio de Justicia y Seguridad Público, hasta el 12 de mayo, los detenidos por supuestos vínculos con grupos criminales durante el régimen de excepción ascendían a 68,579, entre ellos menores de edad.
De estos, cerca de 5 mil han sido liberados, según declaraciones del ministro de Seguridad Gustavo Villatoro.
A más de un año de vigencia del régimen de excepción, las organizaciones exigieron al Estado salvadoreño investigar todos estos tipos de situaciones de vulnerabilidad a las que se exponen las personas liberadas, junto a sus familiares.
Asimismo, que las organizaciones competentes a la dirección y supervisión de los centros penales garanticen que las familias tengan el conocimiento de manera “oportuna, formal y precisa” sobre el día y hora en el que las personas detenidas serán liberadas.
