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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, conformado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se refirió al Estado bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo como un “aparato represivo” e hizo un llamado a la acción global en contra las graves violaciones a derechos humanos por la que se ha caracterizado el país desde 2018.
“Hoy podemos concluir que el Estado de Nicaragua y el Partido Sandinista, prácticamente se han fusionado en una máquina unificada de represión. Esta máquina es responsable de miles de casos de muertes, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, expulsión de nacionales, privaciones arbitrarias de nacionalidades, entre otras”, aseveró Jan-Michael Simon, el presidente del Grupo de Experto.
Lo anterior, fue la conclusión de una investigación que llevaron a cabo los expertos y que contempló más 1500 entrevistas y 7000 documentos sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua desde 2018 bajo la dictadura de Ortega-Murillo. El más reciente informe fue lanzado este 26 de febrero.
El informe detalló que Ortega y Murillo han llevado a cabo una serie de acciones dirigidas al control de todos los poderes e instituciones del Estado y “han instrumentalizado sistemáticamente el aparato estatal para mantenerse en el poder”. Para dicho objetivo, sostuvo el grupo, la dictadura han consolidado una maquinaria integrada por una extensa red de vigilancia e inteligencia, incorporada a su vez por estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y grupos armados progubernamentales.
“Las violaciones a los derechos humanos de esta maquinaria en las manos del régimen de Nicaragua no solo son generalizadas y sistemáticas, sino que también es sistémica”, añadió Jan-Michael Simon. En el informe también subrayaron que algunas de las violaciones documentadas constituyen patrones previamente identificados como crímenes de lesa humanidad, entre ellos la persecución por motivos políticos.
Asimismo, se refirieron a las recientes reformas constitucionales aprobadas en enero de 2025 por la Asamblea Nacional. Según detallaron, con este paso la dictadura legalizó y consolidó el monopolio del poder por parte del ejecutivo, pues formaliza la disolución de facto de la separación de poderes, la independencia y el control mutuo entre los poderes del Estados.
Las reformas incluyeron la creación de la figura de “copresidente” (Ortega) y “copresidenta” (Murillo); los poderes Judicial, Legislativo y Electoral del Estado pasan a figurar como “órganos” coordinados por la presidencia. También se adhirió la eliminación de la prohibición constitucional de censurar a la prensa y se creó una “policía voluntaria” integrada por excombatientes, militares y policías retirados, empleados públicas, y otros.
“Es la última pieza de la calculada campaña de Daniel Ortega y Rosario Murillos para eliminar los controles y equilibrios, reforzar su control sobre el poder, y convertir la represión en ley”, sostuvo Reed Bródy, integrante del grupo de expertos.
Los expertos manifestaron que el lanzamiento del último informe se traduce en un llamado urgente a la comunidad internacional a actuar frente a la actual situación de Nicaragua, ante las violaciones a derechos humanos, la expulsión de personas nicaragüenses, y otros.
Jan-Michael Simon, presidente del grupo, manifestó que entre las acciones a las que instan a llevar a cabo es la posibilidad de que algún Estado considere llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
