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Más de un centenar de personas, entre jóvenes estudiantes, familiares de víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Calabozo, se congregaron como todos los años, cada 22 de agosto, en Amatitán Abajo, San Esteban Catarina, en el departamento de San Vicente, para recordar y honrar la vida de sus seres queridos, que fueron brutalmente asesinados hace 41 años por manos del ejército salvadoreño.
Desde tempranas horas se concentraron en la casa comunal de Amatitán Abajo, donde salieron en peregrinación en dirección al lugar en que cuerpos militares mataron a más de 200 civiles, entre ellos menores de edad, hombres, mujeres y ancianos. «Mártires de El Calabozo no los olvidamos», eran una de las frases que repetían los sobrevivientes y familiares de las víctimas.
Ahí, frente al monumento dedicado a las víctimas, se ofreció una misa, se entonaron canciones alusivas al dolor que dejó la masacre y se exigió que saliera a la luz la verdad y justicia. «Venimos a recordar la memoria de nuestros familiares y de mucha gente que fue perseguida por ser humilde, por ser pobre y por vivir en los cantones del municipio de San Esteban Catarina, y eso fue la represión militar que lanzó en gobierno en aquel tiempo, para amedrentar a los líderes que trabajaban en función de la organización social y comunitaria», señaló Marcial Bolaños, sobreviviente y familiar de algunas de las víctimas asesinadas el 22 de agosto de 1982.
David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal, enfatizó que se cumplen 41 años en los que las víctimas han exigido verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pero hasta la fecha, estos derechos han sido negados. «Hemos tenido un Estado salvadoreño que es un férreo Estado de impunidad que se niega a darles estos derechos a las víctimas y que, además, protege directamente a los criminales de guerra», agregó.
De acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, publicada en 1993, los responsables de masacrar a los más de 200 civiles fueron militares salvadoreños integrantes del Batallón Atlácatl, del Batallón Ramón Belloso, la Fuerza Aérea, y de la Fuerza Armada.
Desde 1992, cuando se interpuso la denuncia sobre este crimen de lesa humanidad, hasta la fecha, 20 personas han declarado ante el Juzgado 1° de Instrucción en San Esteban Catarina. Los últimos seis testigos lo hicieron durante el 2022. De momento, el caso continúa en etapa de instrucción.
Irene Gómez, abogada de Cristosal, agregó que, desde noviembre del año pasado, la acusación particular ha interpuesto diferentes escritos y solicitudes ante el juzgado. Debido a la falta de respuestas de sus solicitudes presentaron un recurso de Retardación de Justicia ante la Cámara Tercera de la sección de San Vicente.
Entre las diligencias que solicitaron fueron la detención del exministro de la Defensa, José Guillermo García y otros ex altos jefes militares acusados de la masacre. También pidieron la realización de dos peritajes: uno para documentos desclasificados de Estados Unidos y el otro un peritaje militar.
Según David Morales la característica principal de las autoridades fiscales y judiciales ha sido la pasividad. “Nuestra expectativa es que las solicitudes, tanto de las pericias especiales que ha pedido la acusación, como la detención de los imputados, sea ordenada por el tribunal y podamos profundizar o culminar una fase de instrucción que permita la depuración del proceso para pasar a la posterior etapa plenaria”.
Con edición de Morena Villalobos y Diego Hernández
