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Durante el conflicto armado que se vivió en El Salvador, se registraron diferentes casos donde niñas y niños fueron separados de sus familias forzosamente en operaciones de tierra arrasada de la Fuerza Armada, o quedaron en la orfandad al sobrevivir una masacre. Ante la necesidad de reunificar y dar una identidad a los desaparecidos la Asociación Pro-Búsqueda ha ejecutado un arduo trabajo de investigación por 29 años donde han cubierto más de 1, 400 casos.
Ana Julia Escalante, directora de la organización, destacó que en este aniversario buscan enfatizar la lucha al derecho de la libertad y la vida. Además, destacaron que entre los logros obtenidos durante casi tres décadas están: 465 casos resueltos, 287 reencuentros, 90 casos pendientes de reencuentros, 88 localizados fallecidos y 568 casos en gestión.
«Pro-Búsqueda ha dado resultados. El amor de las familias buscó que se encontraran los mecanismos para lograr ubicar a estos niños que ahora son adultos», agregó Escalante.
De momento, la mayor dificultad que ha encontrado la asociación para esclarecer cada caso y ayudar a las familias es que no tienen acceso a los archivos militares, que les permitirían recopilar datos sobre dónde ocurrieron algunos de los hechos que generaron las separaciones familiares. «Pedimos a la sociedad que nos ayude a encontrar a estos niños. Nos hace falta encontrar a 571 desaparecidos», dijo Margarita Zamora, investigadora de Pro-Búsqueda.
Con respecto a la Ley de Justicia Transicional, Ana Julia Escalante lamentó que a pesar de los años y esfuerzos no ha sido tomada en cuenta por los gobiernos para resarcir el daño a las víctimas del conflicto armado. “Los jóvenes reencontrados quieren recuperar su identidad y esta ley apoyaba a las familias a reconstruir sus proyectos de vida. Sería una forma que el Estado salvadoreño les garantice tres cosas que son la verdad, la justicia y la reparación”, destacó.
Desde el 2017, diferentes asociaciones como Pro-Búsqueda han buscado resarcir el daño de las personas desaparecidos contando con un marco legal que de un amparo a las familias para hacer justicia. “Las víctimas no quieren una reparación económica, lo que buscan es contar con los mecanismos para conocer la verdad”, añadió Escalante.
Edición
Diego Hernández
