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Diez años cumplió el 14 de octubre la tercera sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado salvadoreño respecto a las desapariciones forzadas contra niñas y niños perpetradas por fuerzas armadas salvadoreñas durante el periodo del conflicto armado.
Se trata del caso “Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador” en el que la Corte IDH determinó como responsable internacionalmente a El Salvador por la desaparición de cinco niños: José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Emelinda Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala.
José Adrian Rochac se reencontró con su familia biológica en abril de 2023. Sebastián Rochac, hermano mayor de José Adrián, y organizaciones de derechos humanos que acompañan a víctimas del conflicto armado celebraron el hecho.
José Adrián Rochac desapareció forzosamente el 12 de diciembre de 1980. De acuerdo con la sentencia de la Corte IDH, en horas de la noche un operativo militar se desplegó en el cantón San José Segundo, en el municipio de San Martín, en San Salvador, donde vivían. Un grupo de diez elementos de la Fuerza Aérea llegaron a la casa de la familia Rochac; únicamente se encontraban dentro María Silveria Rochac, la madre, junto a sus hijos, entre estos José Adrián, de cinco años, y un recién nacido.
Sebastián, hermano mayor de José Adrián y de entonces aproximadamente 15 años no se encontraba en el lugar. Él recuerda que a esa edad ya era consciente que El Salvador vivía una convulsión social “extremadamente difícil” y una “dictadura militar”.
“No te puedo decir exactamente dónde estaba, pero no estaba en el momento de los hechos como mis hermanas, simple y sencillamente porque la represión del régimen era brutal; si me hubieran encontrado ahí, capaz y yo no te estaría contando la historia”, dijo Sebastián, ahora de 60 años, a VOCES.
El mismo día que su hermano fue desaparecido forzosamente, su madre y uno de sus hermanos menores fueron ejecutados por los militares de aquel operativo. “La represión era difícil en aquella era. Lo feo de esto es que sea el Estado, no era una cosa aislada, sino que era un patrón porque nos pasó esa situación a nosotros y a otros cientos de familias”, añadió.
“Ya no sé si era más grave los asesinatos en ese momento o el secuestro. Eran igual de graves todos: el asesinato de mi mamá y mi hermano, y con mi otro hermano nos quedó la incógnita, pero el problema de esto fue ya después porque te preguntas qué se hizo, dónde y cómo se fue, quiénes se lo llevaron. Este crimen es el peor dentro de los peores, porque no sabes, y eso impacta a los familiares cercanos y al entorno, pero más a los familiares cercanos. Eso es lo grave de estos casos, porque hay una zozobra de por vida”, expresó también.
El caso Rochac se presentó en 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En marzo de 2013 fue elevado ante la Corte IDH, quien dictó la sentencia el 14 de octubre un año después. De acuerdo con Sebastián, su padre fue quien inició el proceso de la búsqueda de José Adrián, quien se acercó a la Asociación Pro-Búsqueda en busca de apoyo, pero tres años de emitirse la sentencia falleció. “Estuvo a punto de conocerlo. No sé cuál hubiera sido su reacción si lo hubiera conocido, pero no fue así”, dijo.
De acuerdo con la sentencia, fue la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado interno quien dio en primera instancia pistas concretas sobre José Adrián Rochac, aunque no fue hasta 2023 que su identidad fue comprobada a través de peritajes de biología. Este proceso también fue producto de gestiones por parte de la Fiscalía General de la República, en cooperación de la Asociación Pro-Búsqueda, según notificó la misma institución en sus redes sociales el 27 de abril de 2023.
Para Sebastián, reencontrarse con su hermano menor fue un “privilegio”, que no muchas familias pueden tener décadas después de finalizado el conflicto armado. Sin embargo, recalcó también que es un proceso complejo, pues se trata de un crimen de lesa humanidad que entre otros derechos viola el derecho a la identidad.
“El reencuentro es una conjugación de cosas, porque creímos que hasta podía ser falso; eran más de 40 años desde que se te desaparece un hermano. Estos hechos son graves, se le llama secuestro, le digan extracción o desaparición. No fue fácil porque él estaba reacio”, señaló, refiriéndose al reencuentro con su hermano.
“Me siento a esta altura privilegiado, pero el deseo fuera también que el Estado cambiara de actitud para ayudar, porque es dificilísimo no saber el paradero de un ser querido después de 40 años y algunos se han ido con ese deseo de saberlo y los casos siguen impunes. No ha habido voluntad política después de 40 años. Estamos hablando de niños, pero también hay adultos, y el llamado es que un día haya voluntad política para abrir los archivos, o permitir que estos casos se esclarezcan y se cumpla con lo que la Constitución dice: que el principio y fin del Estado son las personas mismas”, manifestó.
Sobre el caso Rochac Hernández vs El Salvador
A 10 años de la tercera sentencia sobre niñez desaparecida forzosamente contra El Salvador, solo existen algunos avances en materia de verdad y reparación, según lo sostuvo Helí Hernández, del área jurídica de Pro-Búsqueda.
Una década después de la sentencia del caso, el Estado salvadoreño únicamente ha podido el establecer el paradero de tres niños: Santos Ernesto Salinas, fallecido; Emelinda Lorena Hernández, sus restos exhumados en 2023; y José Adrián Rochac, reencontrado. Sobre los niños Ricardo Ayala Abarca y Antonio Bonillas Osorio, a la fecha las autoridades salvadoreñas no han informado ningún avance respecto a sus paraderos.
Esta sentencia determinó que El Salvador violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida, y al reconocimiento de la personalidad jurídica en contra de los cinco niños y niñas del caso Rochac Hernández y emitió múltiples medidas de reparación, las cuales, el Estado salvadoreño, al ser parte firmante del Pacto de San José, está comprometido a cumplirlas.
“Hay cierto nivel de cumplimiento, pero en buscar la verdad y en solventar la situación de impunidad es donde más le ha costado al Estado poder romper con esas barreras y omisiones que el mismo Estado y los órganos del Estado imponen a las familias para poder conocer una verdad jurídica a través de un proceso penal”, señaló.
Sostuvo que los avances se enmarcan sobre todo en las medidas de tipo simbólicas, como pedir perdón públicamente (cumplido en 2014), la publicación de la sentencia de la Corte IDH por parte del Estado, la construcción del Jardín Memorial en el parque Cuscatlán en San Salvador, y también otras medidas sobre brindar asistencia médica y psicológica a las familias víctimas.
Para Hernández, que el Estado salvadoreño cumpla con cada una de las recomendaciones, en especial las que garantizan los derechos de verdad, justicia y reparación, es fundamental para sanar las heridas de las familias de víctimas de niñez desaparecida y en general para El Salvador pues ayudaría al proceso de transición que se esperaba tras finalizado el conflicto armado y permitiría superar la impunidad que aún impera en muchos otros casos.
“El Estado (salvadoreño) tiene en sus manos la posibilidad de reducir esa angustia de los familiares (…) Aunque ellos no participaron en la desaparición, pero negando la información y negando abrir archivos, con estas omisiones ellos siguen manteniendo a las personas todavía capturadas y desaparecidas”, indicó.
Con edición de Diego Hernández
