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Trabajadores organizados y diversas organizaciones de sociedad civil se refirieron al proyecto presupuestario general del Estado para 2025, presentado por el Ministerio de Hacienda, y manifestaron su descontento pues las significativas reducciones, a su juicio, para diferentes ramas vulnerarán derechos humanos, en especial los derechos laborales, a la educación y a la salud.
“Creemos que, como clase trabajadora de los diferentes sectores, principalmente el sector magisterial, salud, y otros de instituciones públicas van a salir severamente afectadas con estas medidas que se están tomando. Los derechos ganados por parte de la clase trabajadora están en peligro de que se pierdan y los derechos que constitucionalmente no se nos pueden arrebatar”, sostuvo Rafael Méndez, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL).
Para la MPJL el proyecto presupuestario carece de legitimidad ante su falta de transparencia en la elaboración y es inconstitucional por las violaciones a derechos humanos que resultarían ante la suspensión de incrementos, nivelaciones salariales y el congelamiento de escalafones en el sector de salud y educación. Esto último regulado en la Ley de Carrera Docente y la Ley de Creación del Escalafón.
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), otro espacio de trabajadores organizados también manifestó su descontento pues el proyecto presupuestario también significaría la eliminación de al menos 11 mil plazas en diversos sectores. A este escenario se suman las más de 1,100 personas obligadas al retiro voluntario por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el despido de mil empleados en la Asamblea Legislativa durante este año, y otros despidos en alcaldías municipales e instituciones gubernamentales, señalaron.
El panorama que dibuja el proyecto es preocupante para las organizaciones debido a que el sector salud sufriría una disminución del 7.3 %, equivalente a $92.2 millones, y para el caso del sector de educación la disminución sería de $31 millones para sus funciones a lo largo del próximo año. Esto a su vez, detallaron, significaría, junto a los despidos masivos en los dos rubros, menos personal e insumos médicos, la reducción en la prestación de servicios para personas educadoras y personal administrativo, la pérdida del escalafón, entre otros escenarios.
“Queremos alzar nuestra voz en contra de esta injusticia que se pretende cometer. Si los diputados llegasen a aprobar ese presupuesto que no respeta el escalafón van a caer en un delito que se llama incumplimiento de deberes. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, no es posible pretender quitarnos esos derechos. Vamos a luchar porque se mantengan”, aseveró Oscar Martínez, de la MPJL.
Cuestionaron además que, mientras estos dos importantes sectores para la población salvadoreña sufrirán reducciones, otros rubros, como el Ministerio de Defensa y Casa Presidencial gozarían para el próximo año aumentos en el presupuesto. El primero recibiría un aumento de $52.9 millones y, el segundo, un aumento de $27.8 millones, subrayaron.
Con edición de Diego Hernández
