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“La Fiscalía General de la República puede actuar de oficio a cualquier delito, lo que no quiere es actuar. Lo que no quiere es reconocer y perseguir a los mismos funcionarios del Estado porque hay una complicidad entre la PNC, la FGR, incluso, todo el sistema judicial que está manteniendo en impunidad estos hechos”, aseguró Verónica Reyna, directora del Programa de Derechos Humano del Servicio Social Pasionista (SSPAS) durante una entrevista en TVX, sobre las violaciones a derechos humanos dentro de los centros panales.
A más de un año desde que la Asamblea Legislativa aprobó, a petición del presidente Nayib Bukele, el régimen de excepción, diferentes organizaciones afirman que se están cometiendo distintas violaciones a derechos humanos en este contexto.
Desde el 27 de marzo hasta el 30 de junio, los derechos humanos de 5,490 personas fueron vulnerados, según Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, SSPAS, entre otras.
Entre las vulneraciones se encuentran detenciones arbitrarias, faltas al debido proceso y allanamientos de morada. Asimismo, tratos crueles inhumanos y degradantes, torturas y muertes extrajudiciales dentro de los centros penales.
A este contexto de violaciones a derechos humanos, se le suma la falta de información y registro “abierto y transparente” sobre las personas detenidas y sobre sus condiciones dentro de los diferentes centros penales, señaló Verónica Reyna.
Hasta la fecha, SSPAS, junto a organizaciones de derechos humanos, reportan 173 casos de personas que han muerto dentro de los centros penales, entre los cuales, observaron evidencias de golpizas y malos tratos.
Reyna explicó que, con base a las denuncias recibidas e informes desarrollados por otras organizaciones, los escenarios de las muertes dentro de los penales se deben a falta de atención medica por condiciones crónicas de salud que no fueron atendidas, a las situaciones de salud que fueron adquiridas en el centro penal y tampoco fueron atendidas, a condiciones críticas de salud ahondado a golpes, malos tratos y torturas de los custodios, o casos en los que las personas privadas del libertad fueron golpeados y torturados y eso causó la muerte.
“El solo hecho de no brindar atención médica a tiempo, el solo hecho de alimentar a las personas privadas de libertad como dice el presidente que se alimentan. Esas son declaraciones que vinculan los malos tratos que están ocasionando los custodios con responsabilidad de altos funcionarios”, dijo Reyna.
De acuerdo con Rodolfo Delgado, fiscal general, 142 casos de estas muertes fueron archivados, alegando que estos no constituyen “delitos de acuerdo con las investigaciones”
Según Verónica Reyna, existen denuncias interpuestas por familiares de personas privadas de libertad con relación a las vulneraciones de derechos humanos dentro de los centros penales. Sin embargo, no ha habido respuesta y, por el contrario, han sido negadas, dijo.
De acuerdo con la defensora de derechos humanos, el escenario actual abierto con el régimen de excepción podría repercutir en consecuencias “mayores” para el Estado salvadoreño en donde se acuse no solo al Estado como se ha hecho en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algunos casos, sino a funcionarios concretos como se puede hacer en la Corte Penal Internacional.
“Cuando el Estado (salvadoreño) detiene a una persona, esta persona se vuelve completa responsabilidad de quien le está albergando”, agregó.
Con edición de Diego Hernández
