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“El gobierno no quiere marchas, no quieren que haya personas defensoras de derechos humanos, entonces que dé explicaciones de donde están las personas detenidas y también dónde están las personas que murieron (dentro de los centros penales)”, exclamó Alfredo Leiva, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) y padre que exige la libertad de su hija capturada a inicios de la entrada en vigencia del régimen de excepción.
Junto a Leiva, representantes del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) entre otras, exigieron un alto a la persecución política que el Estado salvadoreño, a través de la Policía Nacional Civil (PNC), militares, entre otros, llevan a cabo en contra estos en el marco de sus labores como defensores de derechos humanos.
Otro hecho por el cual aseguraron que El Estado salvadoreño persigue y vigila de cerca a estas organizaciones es un expediente judicial que se abrió recientemente al respecto de un caso en Isla Tasajera en el cual trabaja Ivania Cruz, vocera de COFAPPES y abogada.
“Es un expediente judicial que es de un caso en particular muy ajeno a las actividades que realizan las organizaciones defensoras de derechos humanos. Al pedir copia de ese expediente se pudo constatar el seguimiento que se han dado en marchas y actividades de las organizaciones, incluso, publicaciones que realizan medios de comunicación y páginas oficiales de organizaciones a las que representamos”, dijo.
A juicio de la abogada, este expediente, entre otras situaciones que denunciaron, coloca al Estado salvadoreño en una posición en la que utiliza recursos públicos para vigilar la labor de estas organizaciones en vez de usar dichos recursos en contra el crimen organización, la delincuencia o la corrupción en el país.
Con edición de Morena Villalobos
