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Foto tomada del Twitter de la Asamblea Legislativa.
Hubo diferencias entre CAPRES y diputados, afirmó El Faro.
Las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que iban a ser aprobadas ayer por el oficialismo fue retirada del pleno legislativo por ellos mismos luego de que, según reporta el periódico digital El Faro, hubo una discordancia entre el secretario jurídico, Conan Castro, y varios diputados de Nuevas Ideas, incluido el presidente del órgano, Ernesto Castro.
De acuerdo con lo reportado por el periódico digital, la razón de retirar el proyecto de reformas fue porque varios diputados, incluido el presidente de la Asamblea Legislativa, se negaron a votar a favor de las reformas debido al costo político que este representaba.
El principal promotor de las reformas era el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, según le mencionaron a El Faro dos diputados de Nuevas Ideas que se mantuvieron en el anonimato.
La diputada y presidenta de la Comisión de Legislación, Marcela Pineda, solicitó que se modificara la agenda para que el documento de reformas pudiera ser retirado y devuelto a la comisión “para continuar con su estudio”, expresó en la plenaria de ayer.
Razones para aprobar o desaprobar
La misma diputada Pineda, que pidió se continúe estudiando las reformas a la LAIP, fue la misma que votó por dar un dictamen favorable en la comisión que las estudió previo a la sesión plenaria de ayer.
Las razones (oficiales) por la que querían aprobar estas eran para que la LAIP se encuentre en armonía con la Ley de Procedimientos Administrativos. “Dentro de las reformas, se garantiza la seguridad jurídica, ya que deja unos procedimientos adecuados y lejos de que esto limite o lesione la información pública, creemos que armoniza los procesos para el tema que le competen”, explicó el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ricardo Gómez en la sesión de la comisión del 31 de enero.
“La ganancia con esta propuesta es que desde el ámbito general homologa el reglamento de la institución con la Ley de Procedimientos Administrativos”, dijo la gerente general del IAIP, Gabriela Castillo, en el estudio con la comisión. Para ellos, se rectificaban ciertos aspectos administrativos.
Un argumento que utilizaron los diputados de Nuevas Ideas fue de expresar que la ley había sido hecha a la medida para los partidos políticos de ARENA y el FMLN, por lo que había que corregir aspectos que dejaban vacíos legales en la ley. “La Bancada Cyan está representada por la voluntad del pueblo. En el pasado, ARENA y el FMLN crearon leyes que dejaban vacíos para seguir cometiendo actos de corrupción y tenían una gobernabilidad comprada”, dijo la diputada Rebeca Santos.
Por su parte, el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública publicó un comunicado ayer rechazando las reformas propuestas por el oficialismo. En este, dijeron que identificaban que las reformas tenían un interés particular, no social, y que contrariaban la esencia del derecho de acceso a la información pública.
La comisionada del IAIP que actualmente se encuentra suspendida, Liduvina Escobar, aseveró que las reformas no solamente entorpecerían el derecho de acceso a la información pública, sino que lo aniquilaría.
Los partidos opositores realizaron una conferencia de prensa luego de que acabó la sesión plenaria de ayer. En esta, dijeron que trabajarían por que se archiven las reformas. “Lo correcto es que ese dictamen sea declarado a archivo y que se deseche de una vez por todas”, expresó la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz.
Qué se proponía
Las reformas que se hacían a la LAIP implicaban que información oficiosa que se debía publicar por obligación pueda ser clasificada como información reservada. Es decir, se podía ocultar distinta información como listados de asesores, salarios, informes, listado de viajes, contrataciones y adquisiciones del órgano ejecutivo, legislativo y jurídico y autónomos.
Además, se estableció la posibilidad de sancionar a personas particulares por cometer infracciones a la LAIP. Entre las infracciones contempladas en la ley se encuentra la sustracción de información bajo custodia, difusión de información reservada o confidencial, negación de entregar información solicitada, entre otras. Esto afectaría la labor periodística, ya que se podría sancionar la publicación de una investigación que contenga información caracterizada como confidencial.
Por último, se contemplaba la extensión del plazo de entrega de información de 10 días hábiles a 20 días hábiles por parte de las instituciones públicas. Según el grupo promotor, esto violaba el principio de prontitud de la misma ley.
