En una audiencia temática sobre afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas estatales de censura, alrededor de una veintena de organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, México y Nicaragua detallaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre prácticas desde los gobiernos en la región que promueven la estigmatización de la prensa, la persecución a defensores de derechos humanos y que intentan el socavamiento de la participación ciudadana.
Según señalaron en la audiencia, la región se enfrenta actualmente a contextos de deterioros democráticos y realidades en donde avanza el desmantelamiento de la institucionalidad y las garantías de respeto a los derechos humanos.
Estos escenarios, detallaron, han surgido en países donde los gobiernos con tendencias antidemocráticas implementan narrativas oficiales y actúan para reducir los espacios públicos y de participación, contexto que permite la restricción de voces plurales en las sociedades, facilita la propaganda, entre otros efectos.
A esto se suma que las narrativas oficiales estigmatizan y crean espacios hostiles para libre ejercicio de las personas periodistas y quienes defienden los derechos humanos. Destacaron casos de antiguos y actuales mandatarios en la región como Nayib Bukele, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro y Javier Milei.
“Todos, sin excepción, tildan a la prensa de mentirosa y acuden a descalificativos degradantes. Además, atacan de manera más gravosa a periodistas mujeres”, señalaron.
Según los organismos, si bien no es un tema novedoso en la región, este ha desencadenado en lo que calificaron como “un paralelismo temporal entre el incremento en violencia física contra periodistas y el ambiental hostil promovido por estigmatizaciones oficiales”. Esto mismo producto también del uso de las tecnologías de la información, redes sociales, bots, usuarios falsos, entre otros.
En este contexto en que estigmatizan y posicionan en la opinión pública como adversarios o enemigos a la prensa, señalaron algunos medios de comunicación salvadoreños que han enfrenado estas situaciones: FOCOS, Factum, La Brújula, Alhacara, El Faro. Este último también se vio obligado en 2023 a trasladar sus operaciones administrativas y legales a Costa Rica debido al contexto actual salvadoreño generado por la administración de Nayib Bukele, quien llegó a la presidencia en 2019 y que en junio de 2024 inauguró su segundo, pero inconstitucional, periodo presidencial.
Otro de los escenarios mencionados al que la región de América Latina se enfrenta es el robustecimiento de mecanismos de vigilancia social que operan en el mundo análogo y digital como los spyware usados por gobiernos, geolocalización ilegal, ciber patrullaje, acceso a datos conservados por empresas, construyendo todo esto un mecanismo de silenciamiento social de las voces críticas.
En este sentido, recordaron casos confirmados del uso del spyware Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, en países como El Salvador, Colombia, México, e, incluso, República Dominicana. Para el caso de El Salvador, solo entre julio de 2020 y noviembre de 2021, se documentaron 35 casos de periodistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil que fueron atacados e infectados con Pegasus mientras informaban de asuntos de interés público.
Los impactos de esto en El Salvador es un efecto generalizado de autocensura y silenciamiento, pero no solo para el caso de El Salvador, sino también en otros países de la región, sostuvieron las organizaciones ante la CIDH.
Organizaciones como Artículo 19, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), solicitaron al organismo interamericano a llamar la atención de los Estados de la región sobre los deberes y obligaciones de estos de proteger los derechos de la libertad de expresión, de prensa y el derecho a defender derechos frente a las medidas estatales de censura que en la práctica se observan en la actualidad.
Además, pidieron la elaboración de un protocolo modelo para ahondar estándares establecidos en el sistema interamericano respecto de estos derechos y el cual provea a los Estados una herramienta para prevenir la violencia derivada de la estigmatización, así como adelantar algunos procesos de peticiones de admisibilidad y de fondo e informes sobre los efectos que tienen las herramientas de vigilancia, entre otras.
Con edición de Diego Hernández
