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La Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), el Grupo Gestor por una Ley de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro – Memoria Histórica, se pronunciaron ante el bloqueo de las inspecciones ordenadas por el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, en el caso de la Masacrede El Mozote y lugares aledaños.
Con una carta en mano, las 25 organizaciones que conforman los tres espacios se presentaron a Casa Presidencial para exigir al presidente haga cumplir la orden del juez de aperturar los archivos militares con referencia al caso El Mozote.
«El artículo 172 de la Constitución de la República y artículo 24 de la Ley Orgánica Judicial expresan que corresponde exclusivamente al órgano judicial la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucionales, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de los contencioso-administrativo»
David Ortiz, representante de FESPAD, mencionó que una de las preocupaciones más grandes es que se siga defendiendo a los criminales.
«Se trata de un patrón de actuación estatal que, inalterablemente, se ha aplicado en los últimos treinta años, provocando la consolidación de un esquema de impunidad, no sólo para los delitos cometidos en el pasado, sino también para los que sufre hoy día el pueblo de El Salvador», mencionó.
Las organizaciones demandan tres cosas puntuales: que el presidente Bukele mandete al ministro Defensa para que permita el ingreso del juez a inspeccionar los archivos militares; segundo, que el ministro de la Defensa, Merino Monrroy, acate la orden del juez y, por último, que el fiscal Melara inice una investigación para determinar si los actos del pasado 21 de septiembre corresponden a un delito o no.
