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Por tercera vez, víctimas del conflicto armado, acompañadas de organizaciones de derechos humanos, presentaron a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley de justicia transicional, un instrumento jurídico a través del cual buscan que les sea garantizado el derecho a la verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria histórica.
El primer anteproyecto se presentó en 2019 y fue vetado. El segunda data de 2021, pero fue archivado por la actual Asamblea Legislativa, en concreto por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, tras considerar que esta había «perdido vigencia».
Irene Gómez, abogada del equipo de Justicia Transicional de Cristosal que a su vez integra la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, dijo a VOCES que el hecho de que dichos derechos sean negados a la fecha responde a la falta de voluntad política que históricamente han tenido los gobiernos de turno.
«Lo que significa es que no hay voluntad política por parte de las personas que legislan en este país para que las víctimas del conflicto armado tengan una ley de justicia transicional. Por eso nos toca presentar el anteproyecto de ley y exigimos los cinco pilares que contiene la justicia transicional: verdad justicia reparación integral garantías de no repetición y memoria histórica», aseveró.
El anteproyecto de ley que presentaron este martes 29 de octubre se da a solo cinco meses después de que la nueva configuración legislativa archivó la anterior propuesta (presentada en 2021) tras alegar su supuesta «pérdida de vigencia». Así lo decidió en mayo de 2024 la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia y posteriormente la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa.
La abogada destacó que este nuevo anteproyecto, socializado con víctimas a nivel nacional, posee importantes actualizaciones. Entre estas protagonizan la incorporación del enfoque de género, pues las mujeres durante el periodo de guerra enfrentaron y sufrieron otros tipos de graves violaciones a derechos humanos diferenciados, por ejemplo, vulneraciones sexuales y torturas.
También el anteproyecto plantea la creación una unidad de la Procuraduría General de la República (PGR) que ayude a víctimas en las diligencias de documentación que no pudieron obtener como partidas de nacimiento, de defunción, ente otras, de forma «gratuita y diligente».
Asimismo, se específica el ámbito de aplicación de la ley, es decir, la ley será aplicable a víctimas de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad desde 1970 a 1992. También aplicaría para víctimas que se encuentran fuera del país.
Sumado a las víctimas y la MECIES, también acompañó el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica. Estas exigieron que la verdad, justicia, y todos los pilares de la justicia transicional, sean finalmente garantizados y que en el proceso exista diálogo abierto y las víctimas sean el centro.
