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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los Estados miembros de la región a legislar e implementar medidas en favor de la radiodifusión comunitaria.
En su informe anual sobre la situación de la libertad de expresión durante 2025 en las Américas, la RELE recomendó, entre otros aspectos, legislar en esta materia a fin de destinar una “parte equitativa” del espectro y del dividendo digital a las radios y canales comunitarios.
“Al asignar estas frecuencias deben tomarse en cuenta criterios democráticos que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los individuos en el acceso y la operación de estos medios en condiciones de equidad, sin restricciones desproporcionadas o irrazonables y con protección contra la violencia”, subrayó el informe anual.
Con relación a la renovación de licencias de radiodifusión, la RELE llamó a adoptar procedimientos “claros, justos, objetivos y equitativos”, y remarcó la importancia de los medios de comunicación para que todos los sectores de la sociedad, incluidos los históricamente discriminados, participen “informadamente en el proceso democrático”.
Asimismo, recomendó a los Estados de la región adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para “garantizar el pluralismo, incluyendo leyes que prevengan la existencia de monopolios públicos o privados y la concentración indebida o excesiva de los medios de comunicación”.
Avances y deudas
Por otra parte, la RELE se refirió a casos de avances y deudas en la región en materia de radiodifusión comunitaria, señalando países como Chile, México y Guatemala.
Sobre Chile, la Relatoría reconoció que, en enero de 2025, el Ejecutivo presentó el borrador del Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Radios Comunitarias, el cual propone modificaciones a la Ley de Radiodifusión Comunitaria y Ciudadana, así como cambios en la Ley de Telecomunicaciones para la creación de una radio nacional pública.
Sobre México, destacó que, en ese mismo año, se otorgaron nuevas concesiones de frecuencias de uso social afromexicano.
En cambio, al referirse al caso de Guatemala, indicó que en 2025 hubo falta de avances en el reconocimiento legal de las radios comunitarias y en la asignación de frecuencias, particularmente en el contexto de la sentencia sobre los pueblos indígenas maya kaqchikel de Sumpango.
Dicha sentencia se basó en la obstaculización legal que impidió a cuatro comunidades originarias el acceso a frecuencias radiales, sumada a la criminalización de la radiodifusión comunitaria sin autorización y, a su vez, a la falta de reconocimiento legal de estos medios y al mantenimiento de normas discriminatorias en la regulación de la radiodifusión.
