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“Podemos concluir que este gobierno tiene una política antisindical y violadora de derechos: de las mujeres, de los pueblos originarios y también una práctica ecocida (destrucción de los ecosistemas) a partir de las diferentes iniciativas económicas que está desarrollando a lo largo y ancho del país a través de megaproyectos de muerte y también la impulsión de la minera metálica en el país”, dijo a VOCES Ángel Flores, del movimiento indígena MILPA.
La Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), en conjunto con otras organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas y sindicatos, presentaron un informe sobre la situación de los derechos humanos y las personas que los defienden.
Las organizaciones afirmaron que las políticas y medidas implementadas desde junio de 2019 han dado como resultado una desmejora en materia de derechos humanos. Dichas medidas se han caracterizado, entre otros aspectos, por la persecución de distintos sectores sociales, la prolongación del régimen de excepción, sumado al uso de las fuerzas de seguridad como “una herramienta para reprimir a quienes no comparten sus ideas y se justifican como medidas en el marco del combate de las pandillas”, indicaron en el informe.
Además, se refirieron al recorte de 11 mil plazas de diversas instituciones públicas y la reducción presupuestaria principalmente en salud y educación.
Según el informe, en 2024 se contabilizaron un total de 8,379 despidos, supresiones y retiros bajo coacción del Estado salvadoreño de instituciones como la Asamblea Legislativa, alcaldías, y otras. Destacaron también que entre 2019 y 2024, 455 directivos de sindicatos fueron suspendidos o se les suprimieron las plazas y al menos 58 sindicatos fueron afectados o eliminados.
