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Familiares de privados de libertad, con apoyo del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) y la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), interpusieron dos avisos penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los actuales titulares de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
La base de los avisos penales en contra del procurador general René Gustavo Escobar y la procuradora de derechos humanos Raquel Caballero es por “actos arbitrarios e incumplimiento de deberes”, detalló el abogado Rudy Joya de UNIDEHC.
“Lo que menos hacen es atender a las personas”, dijo Joya sobre la labor de la PDDH.
Respecto a la PGR, indicó que la situación es “más grave”. “En 2024 fuimos con MOVIR a presentar casi 20 casos donde estábamos denunciando funcionarios públicos. Es decir, defensores públicos que maltrataban a todas las personas que llegaban a pedir información y que cobraban, cuando los servicios tenían que ser gratuitos”, sostuvo.
Afuera de las instalaciones de la FGR se congregaron las organizaciones y los familiares de víctimas del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, con carteles de los detenidos exigiendo conocer los estados de las personas y su libertad.
Con edición de Diego Hernández
