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En el marco del Día Internacional de la Tierra, organizaciones ambientalistas, junto a comunidades salvadoreñas y guatemaltecas, se concentraron a orillas del lago Güija el pasado viernes para exigir el cierre inmediato de la mina transfronteriza Cerro Blanco.
“Expresamos nuestro total rechazo al proyecto minero Cerro Blanco y exigimos a los gobiernos de turno, que se apeguen al mandato constitucional de protección a la vida y cumplan con sus deberes y funciones orientadas al bien común, en beneficio de las poblaciones de los ecosistemas, cancelando las licencias ambientales y procediendo al cierre técnico del fracasado proyecto minero”, aseveraron la Mesa frente a la Minería Metálica en El Salvador y otras organizaciones ambientalistas en un comunicado.
En este marco, las organizaciones desarrollaron una marcha acuática en el lago Güija para exigir el cierre de la mina, la defensa de la vida y del medio ambiente.
“Unidos por el agua, unidos por la vida”, “fuera minera de nuestras fronteras”, “sí a la vida, no a la minería”, fueron sus consignas mientras navegaban en lanchas.
La mina Cerro Blanco, ubicada en el municipio de Asunción Mita, Guatemala, es un proyecto de minería metálica que desde 2007 amenaza con la contaminación de los mantos acuíferos del ríi Ostúa, el lago Güija y el río Lempa.
Explicaron que, en 2021, la empresa a cargo, Relever Resources solicitó al Ministerio de Ambiente en Guatemala un cambio en la explotación de la mina. El permiso solicitado consistió en procesar un volumen de 1200 veces superior al establecido inicialmente y pasando de una mina en túnel a una de tajo, que no solo dejará un cráter de hasta 370 metros de profundidad con un radio de 1200 metros, sino que también dejará una pila de relaves de 175 metros de altura que almacenará de forma permanente 54.7 millones de toneladas de relaves mineros que producirán drenaje acido.
Los efectos de la mina ya se han manifestados con la presencia de metales como el arsénico, plomo, cadmio y otros, en niveles que sobrepasan normas internacionales de calidad en puntos específicos, para la vida acuática y para la salud de los habitantes aledaños, según un estudio de 2019 por la bióloga y activista Cidia Cortez.
Si los relaves mineros o desechos de las minas colapsaran en cinco minutos soterrarían a la comunidad de Trapiche Vargas, Guatemala, en 12 minutos se esparciría hasta el río Ostúa; en 31 minutos a la frontera con El Salvador y al lago Guija en 49 minutos. Los daños serían permanentes, según un estudio del científico estadounidense Steven H. Enerman.
«Sería un caos tremendo que afectaría a las cuencas acuíferas, al medio ambiente, los habitantes se verían obligados a desplazarse y otros impactos sociales y ambientales», expresó Nelly Rivera del Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES).
Por otra parte, el año pasado la población de Asunción Mita rechazó el proyecto de la mina Cerro Blanco mediante una consulta municipal, establecida y amparada por el artículo 64 del Código Municipal de Guatemala, en el que 7,841 personas votaron en contra. Este resultado fue legítimo, aseveraron en el comunicado.
Sin embargo, tras finalizar la consulta, la minera intentó deslegitimarla, señalaron.
“El llamado es al gobierno guatemalteco para que dialogue con el gobierno salvadoreño y al gobierno salvadoreño es también para que se junte con sus homólogos en Guatemala y detener este proyecto minero. Con esto estarían dando una señal inequívoca de que les interesa la vida de las y los salvadoreños y de las y los guatemaltecos”, aseveró Nelly Rivera.
Asimismo, las organizaciones llamaron a las comunidades de ambos países a continuar con la exigencia del cierre definitivo de la mina, el cual amenaza con las cuencas hídricas, especialmente el río Lempa de que dependen más de 3 millones de salvadoreños.
