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El informe de monitoreo de protección a víctimas de desplazamiento forzado interno de 2022 de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) determinó que el 90% de las personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado interno no recibieron ningún tipo de ayuda de parte de las instituciones del Estado.
De acuerdo con los hallazgos del informe, esto se debe a que las personas generalmente no realizan una denuncia para recalcar su situación como víctima de desplazamiento forzado interno, ya que tienen miedo a represalias, desconfían de las autoridades o no saben adónde acudir para buscar auxilio.
La PDDH clasificó estas variables como barreras que impiden el acceso a derechos. Entre ellas también se encuentran: un inadecuado funcionamiento del sistema de justicia en atención a las víctimas, la falta de un reglamento para la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno (que debió haber sido emitido 90 días después de la publicación de la ley el 23 de enero de 2020) y el desconocimiento de las autoridades de casos de desplazamiento forzado interno.
“Aunado a ello, la ausencia de políticas públicas con enfoque de prevención, protección y búsqueda de soluciones duraderas, que involucren tanto a la población víctima desde su formulación, implementación y seguimiento en conjunto con las instituciones del Estado y la sociedad civil, genera limitaciones como la inexistencia de una ruta de atención homologada entre las instituciones, así como de protocolos estandarizados para la atención a personas en condición de DFI que sean divulgados y aplicados en los diferentes niveles”, detalló el informe.
Los victimarios del desplazamiento forzado, principalmente, son las pandillas, con el 77% de las personas reportándolas como agresoras. Seguido de ellas son los casos particulares con el 16% y los agentes estatales con el 2%.
Otro hallazgo es que 7 de cada 10 personas representantes de instituciones que fueron consultadas para la elaboración del informe afirmaron que desconocían sobre la existencia de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno.
“En algunos casos no conocen de su existencia y en otros casos no conocen su contenido”, estableció el informe.
Por otro lado, el informe develó que 8 instituciones pertenecientes al poder Ejecutivo manifestaron que no cuentan con presupuesto suficiente para atender casos de desplazamiento forzado interno. Estas son: Bienestar Social (Primera Dama), Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), Oficina Local de Atención a Víctimas (Dirección de Atención a Víctimas), Fiscalía General de la República (FGR), Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Ministerio de Salud (MINSAL), Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Nacional Civil (PNC).
Las alcaldías de Nahuizalco, Caluco, San Antonio del Monte, Tecoluca, Apastepeque, San Vicente, San Miguel, Ciudad Barrios y Lolotique también manifestaron lo mismo. Debido a ello, una de las conclusiones que emitió la PDDH fue que no existe una organización estatal encargada de velar por las víctimas de desplazamiento forzado interno. “A nivel de territorios no se identifica una institución rectora que coordine, articule y divulgue los servicios de atención a víctimas de DFI, a consecuencia de ello, no se cuenta con una ruta unificada de atención diferenciada con enfoque de integración familiar.
