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El Informe “derechos humanos, poderes de emergencia y violencia estatal en la región norte de Centroamérica” difundido por la organización defensora de derechos humanos, Cristosal, explicó cómo en El Salvador, Guatemala y Honduras se ha exacerbado la violencia estatal en contra de la población, comunidades pobres y operadores de justicia con la excusa de combatir a la delincuencia.
“El ejercicio de la fuerza aparece como imperativa para resolver los problemas de criminalidad y ha generado un incremento de la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. En estas condiciones, la irrupción del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador en 2019 está alentando el populismo punitivo en el combate a las pandillas con base en la exacerbación de la violencia estatal, lo que parece lograr más adeptos a lo largo de América Latina”, mencionó Cristosal en su informe.
En este sentido, El Salvador implementó en marzo de 2022 la figura del régimen de excepción, que suspendió distintos derechos constitucionales. Hasta la fecha, el régimen sigue vigente.
Como efecto de ello, Cristosal afirmó que se han ejecutado 66,000 detenciones “arbitrarias” de personas supuestamente vinculadas con grupos delincuenciales. La organización ha contabilizado a 162 de estas personas como fallecidas mientras se encontraban en centros penales.
“Los centros penales, que de por sí ya presentaban hacinamiento y malas condiciones para las personas privadas de libertad, fueron convertidos prácticamente en campos de concentración debido a prácticas sistemáticas de tortura y el sometimiento de la población interna a tratos crueles, inhumanos y degradantes generalizados”, sostuvieron.
En Guatemala también se han utilizado figuras similares al régimen de excepción de El Salvador. “El Ejecutivo declaró nueve (9) estados de excepción (4 estados de calamidad pública, 3 estados de sitio, 2 estados de prevención más sus prórrogas)”, mencionó Cristosal.
Una de las leyes utilizadas para la declaración de estas figuras es la Ley de Orden Público, aprobada en 1965 durante un régimen militar. “Bajo esta norma las autoridades tienen amplio margen para restringir derechos”, afirmó Cristosal.
Estas figuras, en conjunto con el uso de las fuerzas armadas para labores de seguridad pública, implicaron la represión de pueblos indígenas, como el caso de los intentos de desalojo de la comunidad poq’omchi’ de Pancoc, Mojonc, Moxanté, Calijá, Washington y Dos Fuentes del municipio de Purulhá, del departamento de Baja Verapaz. Aproximadamente 400 militares fueron desplegadas para intentar desalojar a la población. Cristosal resaltó que ahora estas dos comunidades cuentan con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En Honduras se ha implementado un régimen de excepción a través del decreto ejecutivo PCM-29-2022, que ya ha sido renovado tres veces. Este no aplica al territorio nacional, sino a 83 barrios y colonias de Tegucigalpa, 73 barrios y colonias de San Pedro Sula y 73 municipios adicionales en otras partes del país.
“Existen algunos patrones de uso indebido, desproporcional, irracional o innecesario de la fuerza que podrían comprometer la responsabilidad internacional del Estado en el marco de esta suspensión de garantía”, dijo Cristosal, haciendo alusión a 12 quejas recibidas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) de Honduras.
Contrastando con El Salvador y Guatemala, en Honduras la Policía Nacional y unidades especiales creadas para el combate al crimen se encargan de ejecutar las medidas del régimen de excepción.
No obstante, el 26 de junio se llevó a cabo la orden de la presidenta Xiomara Castro de que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) asumiera el mando de los centros penitenciarios del país tras una revuelta que concluyó con 46 mujeres privadas de libertad fallecidas.
“Los gobiernos de la región norte de C.A. hacen un uso recurrente y sistemático del estado de excepción, en algunos casos, como mecanismo de represión y de militarización de la seguridad pública, evadiendo así su responsabilidad de implementar políticas, programas y acciones sostenibles para garantizar los derechos humanos de la población más afectada”, concluyó Cristosal.
Debido a ello, recomendaron a El Salvador, Guatemala y Honduras que eviten el uso “inadecuado” de poderes de emergencia y ejecuten políticas públicas de seguridad ciudadana integrales con respeto a los derechos humanos “que permitan combatir y prevenir la criminalidad de forma estructural”.
“Es imperativo la desmilitarización de la seguridad pública”, agregaron.
