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De 2019 a 2023 se reportaron 4 nuevos casos de mujeres criminalizadas tras sufrir emergencias obstétricas con patrones similares al caso de Manuela. El derecho al secreto profesional médico continúa siendo vulnerado, señalaron.
A más de un año desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado salvadoreño por la criminalización de Manuela tras sufrir una emergencia obstétrica y de violentar sus derechos y los de su familia, en El Salvador los patrones de criminalización de mujeres como en el caso de Manuela sigue siendo una realidad, denunciaron este día organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Lamentamos que a un año de haberse emitido esta resolución y con los compromisos que tiene el Estado salvadoreño, lamentablemente seguimos viendo que la realidad de Manuela se sigue dando El Salvador”, señaló Angélica María Rivas, abogada de la Colectiva Feminista.
Organizaciones defensoras de derechos humanos aseguraron que existen nuevos procesos en contra 4 mujeres que fueron denunciadas tras acudir a un centro de salud luego de sufrir una emergencia obstétrica.
“Para nosotros es muy grave y muy triste”, expresó Rivas.
El más antiguo de estos nuevos casos fue el 23 octubre 2019 en San Miguel. La mujer fue denunciada y, posteriormente, condenada por el delito de homicidio agravado. El juez del caso dictó que su sentencia fuera revertida, pero la Fiscalía General de la República (FGR) apeló, explicó la abogada.
“Este es el caso más antiguo que, por lo tanto, tiene mayor recorrido procedimentalmente hablando, es decir, ha avanzado en el proceso. Actualmente se encuentra en vilo esta libertad, esta absolución, en el sentido de que la FGR apeló sobre la resolución de absolución que ya había dictado un juez de sentencia aquí en el país”, dijo a VOCES.
Los otros tres casos se registraron el 24 marzo 2022, en Perquín, Morazán; el 4 de diciembre del mismo año en Sensuntepeque, Cabañas; y el más reciente el 27 de mayo de 2023 en Ahuachapán. Los últimos dos de estos se registraron en el marco del régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa desde marzo del año pasado.
“Aunque ellas no tengan nada que ver con grupos criminales, ni están siendo procesadas en una jurisdicción especializada de estos grupos criminales, lamentablemente las afectaciones al respeto al debido proceso, al cumplimiento de plazos, al derecho a la defensa adecuada, en el caso de ellas también están siendo vulneradas y afectadas de manera directa con estos lineamientos violatorios”, sostuvo.
Argumentó que debido al régimen de excepción los defensores de las mujeres no pueden ingresar a los penales, dificultando el acompañamiento directo del caso, entre otros aspectos.
Por otra parte, los últimos 2 de estos 4 casos surgieron luego de que el Estado salvadoreño emitiera dos documentos relacionados con dos medidas de reparación establecidas en la sentencia; la regulación del secreto profesional y la atención a las emergencias obstétricas.
El primero son los Lineamientos técnicos para el cumplimiento del Secreto Profesional en el Sistema Nacional Integrado de Salud, y el segundo es el Protocolo para el Abordaje de Atenciones en el Período Preconcepcional, Prenatal, Parto, Puerperio y Emergencias Obstétricas desde una Perspectiva de Derechos Humanos.
Pese a que defensoras de derechos humanos reconocieron estos mecanismos como avances, lamentaron su insuficiencia para evitar más casos como el de Manuela.
Las organizaciones que acompañan estos casos sostuvieron que las denuncias hacia las mujeres salieron de los centros de salud pública a los que acudieron para solicitar atenciones médicas, y que durante los procesos judiciales la FGR continúa utilizando expedientes médicos y sus peritos son parte del mismo personal de salud, evidenciando que el secreto profesional médico sigue sin primarse sobre el deber de denunciar en situaciones de atención a la salud sexual y reproductiva.
La abogada aseguró que este día la Colectiva Feminista, el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, entregaron un informe a la Corte IDH con las valoraciones sobre el cumplimiento de parte del Estado salvadoreño de las medidas de reparación ordenadas para el caso de Manuela.
“Pensamos que hay una tremenda deuda, y está cobrando vida y libertades de las mujeres”, aseveró María Rivas.
