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La presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, Morena Herrera, afirmó que en cuanto al cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Manuela vs El Salvador, el Estado salvadoreño ha cumplido algunas. Además, organizaciones afirmaron que no se ha cumplido la medida central, y, en otras ocasiones, ha habido retrocesos.
Una de las medidas más simbólicas no se ha cumplido, que es la de hacer un acto público donde pida perdón a Manuela y su familia, reconociendo la responsabilidad del Estado. Este acto debería ser realizado por el presidente Nayib Bukele. Sin embargo, Herrera mencionó que no se tiene conocimiento si este se realizará por el gobierno.
Sobre la publicación de la sentencia, Herrera dijo que el resumen no se ha publicado en el Diario Oficial ni en diarios de mayor circulación en el territorio nacional. “La Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio de Educación han publicado en sus portales institucionales la sentencia de Manuela”, dijo, pero aseveró que también hace falta que otras instituciones, como el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República publiquen la sentencia.
La sentencia también mencionaba que el Estado debía otorgar becas para que los hijos de Manuela pudieran estudiar y que debía brindar atención de salud a la familia. Sobre ello, la presidenta de la Agrupación dijo que uno de los hijos de Manuela se encuentra en proceso para sacar el noveno grado, mientras que el segundo hijo se encuentra matriculado en una universidad. El Estado le brinda lo necesario para que ellos puedan estudiar, especificando que también le ha entregado una computadora a cada uno. No obstante, esta parte de la sentencia se verá cumplida cuando ambos hijos se gradúen de una institución de educación superior, informó.
En cuanto a la atención de salud, Herrera dijo que el Estado ha cumplido con las medidas, pues ha brindado atención diferenciada a la familia de Manuela. Además, les informa cada 3 meses de los tipos de atención que otorgan a la familia. “Satisfactoriamente han cumplido con la familia de Manuela”, expresó Herrera.
En una pregunta hecha por VOCES, Herrera se refirió a la obligación del Estado de brindar capacitaciones a funcionarios sobre el tema. La presidenta de la Agrupación afirmó que la PGR sí ha iniciado procesos de formación, pero el personal de salud no.
“No hemos visto respuesta institucional”, dijo.
Por su parte, la directora del Centro de Derechos Reproductivos en América Latina y el Caribe, Catalina Martínez Coral, brindó un balance sobre las obligaciones del Estado de regular el secreto profesional, atender a las mujeres que sufren emergencias obstétricas y la necesidad de brindar Educación Sexual Integral.
Sobre el secreto profesional, Martínez Coral dijo que, en noviembre de 2022, el Estado emitió los Lineamientos técnicos para el cumplimiento del Secreto Profesional en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Sin embargo, consideró que su contenido es insuficiente, pues todavía existe un riesgo a que el secreto profesional no sea respetado en las instituciones médicas, pues no queda claro si el personal médico no será sancionado por mantener el secreto médico en estos casos.
Sobre la necesidad de atender casos de emergencia obstétrica, Martínez Coral informó que el mismo noviembre de 2022 el Estado emitió el Protocolo para el Abordaje de Atenciones en el Período Preconcepcional, Prenatal, Parto, Puerperio y Emergencias Obstétricas desde una Perspectiva de Derechos Humanos. No obstante, nuevamente expresó que el protocolo es insuficiente, pues sigue habiendo falta de atención médica apropiada a mujeres salvadoreñas que han tenido una emergencia obstétrica.
En ambos casos, los lineamientos y el protocolo no han sido socializados adecuadamente, dijo.
En cuanto a la Educación Sexual Integral, la directora del Centro de Derechos Reproductivos habló de “retrocesos”, ya que el Estado ha quitado de sus centros escolares libros pertinentes a la violencia de género y la Educación Sexual Integral.
«Todas estas medidas son muy importantes, pero la Corte IDH también reconoció que la prohibición del aborto en El Salvador tiene un impacto diferenciado… La gran deuda es la criminalización del aborto», aseveró.
El aborto en El Salvador sigue siendo prohibido bajo cualquier circunstancia, lo cual sigue afectando a las mujeres en distintas partes del territorio.
Angélica María Rivas, de la Colectiva Feminista, mencionó que hay cuatro casos recientes de mujeres que buscaron atención médica por haber sufrido emergencias obstétricas y que se encuentran en riesgo de ir a prisión. Dos de ellos después de la emisión de la sentencia: uno el 4 de diciembre de 2022 y otro el 27 de mayo de 2023.
“Pensamos que hay una tremenda deuda, y está cobrando vida y libertades de las mujeres”, expresó María Rivas. La sentencia de Manuela vs El Salvador fue emitida por la Corte IDH el 2 de noviembre de 2021. En ella, condenó al Estado salvadoreño por la violación de múltiples derechos humanos a Manuela y su familia. Manuela murió en una cárcel de El Salvador luego de que fue acusada y condenada por homicidio agravado luego de sufrir una emergencia obstétrica, impidiendo que ella pudiera recibir la atención médica necesaria para tratar el cáncer del sistema linfático que padecía
