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A un año de la aprobación del régimen de excepción, familiares de personas capturadas y que integran el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) marcharon en dirección a la Asamblea Legislativa para entregar una carta y solicitar una audiencia con diputados salvadoreños.
“No queremos abusos”, y “Exigimos para todos los inocentes pronta libertad”, fueron las consignas de los familiares.
En horas de la mañana se concentraron inicialmente en la Plaza José Martí, en San Salvador, desde donde partieron hacia la Asamblea Legislativa, donde laboran las mismas autoridades que por doce meses han aprobada las prórrogas de esta medida que abandera al actual gobierno como promoción para la seguridad y el combate contra la delincuencia.
El Ministerio de Seguridad y Justicia afirmó que a un año de la implementación del régimen de excepción la cantidad de personas capturadas por presuntamente pertenecer a grupos ilícitos asciende a 66,000.
Organizaciones defensoras de derechos humanos reportaron 4,723 denuncias de violaciones a derechos humanos y 132 casos de muertes de personas bajo tutela del Estado dentro de los centros penales.
En la marcha manifestaron que muchos de los “inocentes capturados” son padres, hijos, hermanos, hermanas, esposos, o que constituían el ingreso económico en un núcleo familiar, y quienes han permanecido por meses, o el año en algunos casos, dentro de centros lo centros penales.
A finales de febrero, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó que se habían liberado a más de 3,745 personas capturadas durante el régimen de excepción a quienes se les había comprobado su inocencia.
Tras llegar frente a las instalaciones de la Asamblea Legislativa, los integrantes del MOVIR entregaron una carta, a través de la diputada Claudia Ortiz, para pedir una audiencia con la Comisión Política del poder legislativo.
